La Superintendencia de Medio Ambiente reveló el listado de compañías que han debido cancelar cuantiosos montos por incurrir en faltas.
La Superintendencia de Medio Ambiente a través de su oficina regional del Biobío ha cursado $52.675 millones en multas y programas de cumplimientos a una serie de empresas lo largo de su historia.
De este total, $7.418 (11.849,70 UTA) corresponden a multas efectivas en 40 procesos terminados y $45.257 millones dicen relación a 58 programas de cumplimientos.
Por ejemplo, los titulares más multados son Enel Generación que ha debido cancelar 9.672.40 UTA , Enap refinerías 885 UTA, Celulosa Arauco y Constitución 697.30 UTA.
Posteriormente Canteras Lonco 488 UTA, Agrícola Ancali 38 UTA, Constructora José Miguel García 25 UTA, Sociedad de Inversiones STH 23,20 UTA, Newin Deportes y Recreación 15 UTA y Vidrios Lirquén 9 UTA.
En el caso de las empresas sancionadas mediante programas de cumplimiento (PDC) , CT Bocamina lidera con $33.759 millones. Le sigue Endesa Central Ralco con $4.645 millones, el Relleno Sanitario de Los Ángeles con $828 millones, el Relleno Sanitario e Industrial de Copiulemu con $798 millones y la Ruta Concepción Cabrero con $793 millones.
Posteriormente, la Central Santa María con $735 millones , Inforsa con $ 428 millones, Puerto Lirquén $ 416 millones y LAT Charrúa- Lagunillas con $408 millones.
El jefe de la oficina regional de la SMA en Biobío, Juan Pablo Granzow, explicó que hoy están muy enfocados en recibir y depurar las denuncias que llegan al despacho, donde su equipo debe aplicar toda la rigurosidad profesional “que exige la normativa”.
El trabajo en terreno y los análisis de todo tipo son fundamentales para llegar a estos resultados.
La entidad estatal no ha estado libre de críticas. La Contraloría detectó falencias, entre 2016 y 2019 a nivel nacional, lo que fue informado en su minuto por el contralor general de la república, Jorge Bermúdez.
La máxima autoridad de la SMA en el país, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza explicó: “Nosotros fiscalizamos un universo muy amplio de empresas, desde panaderías a mineras distribuidas por todo el país. Se trata de cerca de 17 mil instalaciones con alguna obligación ambiental”.
Por otro lado, aseguró que los resultados son extemporáneas y también ha reconocido que faltan recursos para optimizar el servicio.
El titular del Biobío, Juan Pablo Granzow, aseguró se ha hecho un esfuerzo humano importante para llegar a resultados y que desde el 2020 en adelante de alguna forma la historia es otra.
Y no ha sido fácil. La ciudadanía está atenta como nunca al impacto de las empresas en el medio ambiente y demanda resultados rápidos.
Hay casos que han concitado interés últimamente: Lo Alfaro y ahora último El Pellín de Penco. La autoridad regional aclaró que en estas fiscalizaciones convergen todos los servicios competentes. Por ejemplo: Conaf, DGA, Salud y municipios.
En el caso de lo ocurrido en Tumbes “ nos encargamos de ver el tema de la Evaluación Ambiental, si había cumplimiento de la RCA, entregar insumos útiles a la municipalidad, la que terminó por clausurarla. Es un ejemplo de cómo se trabaja en red”.
Agregó que en el caso de Penco, se le requirieron antecedentes para efectos de determinar elusión. “Dada la ambigüedad de su respuesta, se le pidieron más antecedentes y nosotros lo llevamos ante el SEA. (…) a principios de 2021 ellos ingresaron los antecedentes para regularizarlo, proceso que está en curso”.
Otro ejemplo que abordó fue lo que ha ocurrido con las extracciones de áridos en Trongol, Provincia de Arauco, donde la fiscalización ha involucrado a la DGA y el municipio.
Finalmente, respecto a los millonarios montos revelados, recalcó lo siguiente: “ Nosotros como SMA si bien tenemos multas muy grandes , tenemos un monto mucho mayor por conceptos de programas de cumplimiento. Y la diferencia está en que la multa se va al arca fiscal y los programas de cumplimiento quedan invertidos localmente”.
Fuente: Superintendencia de Medio Ambiente. Diseño: Andrés Oreña.
