Mientras el Ejecutivo puso la lápida al primero, Chile aún puede ratificarlo en una próxima administración. En tanto, actores locales apuestan por adherir al segundo, que traería especiales beneficios para Biobío por su vocación exportadora.
Bullado fue el caso del Gobierno de Chile que echó atrás su firma del tratado de Escazú , pese a que había sido el patrocinador principal junto a Costa Rica.
Y ahora, el Gobierno se la juega por completo por el polémico TPP11.
¿Qué hay detrás de estas decisiones?
Expertas que han estudiado la temática entregan algunas claves para entender qué está en juego con uno y otro acuerdo.
La profesora de Derecho Internacional y doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UdeC, Paulina Astroza explicó que el tratado de Escazú es el único acuerdo multilateral de América Latina que dice relación con la justicia ambiental, con la participación, la transparencia y el acceso a la justicia ambiental, y que fue negociado por países de la Región a iniciativa de Chile en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y que posteriormente se suma Costa Rica. La idea, explicó, es que los países actualicen su legislación a estándares más altos en cuanto a estas materias y en relación a proyectos de inversión o cualquier actividad que afecte al medio ambiente. El tratado fue adoptado por Chile en 2018, país que invitó a sus vecinos a firmar. Y la proyección es que se sumen más países, donde se gestan procesos de aprobación interna por parte de sus parlamentos. Y otros, definitivamente, no firmaron, como Cuba, Venezuela, Trinidad y Tobago y Chile.
“Con esto Chile queda muy mal parado y ni siquiera se dio la posibilidad al parlamento a discutirlo.”, sostuvo Paulina Astroza, quien clarificó que Escazú contempla como mecanismo de solución de controversias, la posibilidad, no la obligación, de acudir a la Corte Internacional de Justicia. Otro articulado de este tratado en materia de cooperación, establece que se tendrá especial consideración a países no ribereños, como Paraguay y Bolivia.
“En este sentido aparecieron informaciones mal intencionadas en el sentido de la posibilidad de Bolivia de demandarnos ante el tribunal internacional, lo que es falso y carece de sustento jurídico”, aclaró Astroza.
Otro aspecto que se presentó como un problema fue un eventual aumento de proyectos de inversión judicializados, debido a una mayor participación ciudadana. Pero está estudiado que los proyectos que se judicializan, son precisamente, los que carecen de participación ciudadana.
“Obviamente acá hay intereses económicos detrás, porque otorgar mayor acceso a la justicia ambiental, ciertos sectores lo sienten como un problema para futuros proyectos, lo que creó cierto rechazo en algunos círculos empresariales. Sin embargo, otros empresarios de Chile y de países firmantes, han entendido que para tener un desarrollo sostenible, se requiere una economía basada en energías limpias, en una transición ecológica, y hay muchas empresas que apuestan a eso, por lo que Escazú no es ninguna amenaza”.
Fueron argumentos en este sentido los que utilizó Chile para poner la lápida a la firma, cambiando el argumento inicial relacionado con la eventual pérdida de soberanía, a otro que asegura que Chile ya cuenta con legislación ambiental que cubre los parámetros de Escazú y que, justamente, aumentaría la judicialización.
Paulina Astroza explicó que no es así, ya que si bien Chile cuenta con una legislación ambiental más avanzada respecto otros países de la Región, dista bastante de lo que establece Escazú, dijo la académica de la UdeC.
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, Cptpp (o TPP11) es el tercer tratado más grande del mundo, suscrito por 11 países del Asia Pacífico, que son Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, y Vietnam. En total, abarca un mercado de 500 millones de habitantes.
Actualmente el acuerdo se encuentra en vigor, ha sido ratificado por 7 países y no ratificado aún por 4, dentro de los cuales se encuentra Chile.
La directora de Extensión Académica y Servicios Ucsc, Sandra Ibáñez, estimó que Chile debe ratificarlo.
“Es importante recordar que nuestro país tiene una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Chile es un país muy pequeño y alejado de los principales centros de consumo y producción, por tanto, necesita del mundo para crecer, por eso, nuestra política comercial de apertura iniciada hace más de treinta años.
Sobre los beneficios para Biobío, Sandra Ibáñez recordó que el 26% del empleo de la Región del Biobío es generado por actividades forestales, agrícolas, pesqueras e industriales. “Tenemos cerca de 25 mil empresas que se dedican a estas actividades y gran parte de la generación de empleo está ligada a las exportaciones. Los países del Cptpp representan cerca del 25% de los envíos regionales, por tanto, el contar con este Tratado abrirá muchas nuevas oportunidades, permitiendo aumentar nuestra inserción en la zona más dinámica del mundo, el Asia – Pacífico”.
Sandra Ibáñez sostuvo que es importante mencionar que los acuerdos comerciales no son un fin en sí mismo, sino que son instrumentos que se ponen a disposición para que los agentes económicos puedan hacer uso de lo que en ellos se establece y aquí lo importante es que todas las empresas, en especial las de menor tamaño, las mujeres y todos sectores económicos, cuenten con la información para que puedan acceder a ellos y hacer uso de sus beneficios. Sin embargo, esta no es una particularidad de este Tratado, sino de los acuerdos comerciales en general.
“En este sentido, creo que la pérdida está dada por las oportunidades que brinda el mundo, en este caso 10 países del Asia Pacífico, a las que aún no se puede acceder por no estar el Tratado ratificado”.