Antes de ayer se registraban cantos de triunfo en el sector pesquero artesanal tras votarse anular la denominada Ley Longueira de Pesca.
“Los recursos pesqueros pertenecen a todos los chilenos, por lo que llegó la hora de que los pescadores artesanales recibamos una cuota justa que rectifique, mediante una nueva ley”, declaraba el presidente de Condepp, Hernán Cortés.
Mientras que en “la otra vereda”, los industriales recibían el resultado con impacto.
Se trataba de la primera vez que el Parlamento daba luz verde para eliminar – no confundir con derogar- una normativa vigente desde el 2013.
La presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, reaccionó diciendo: “Mucho los argumentos planteados por los diputados respecto a la supuesta sobreexplotación de recursos pesqueros industriales, la falta de acceso a los peces de parte del sector artesanal, la supuesta propiedad privada de los recursos del mar y las ventajas del sector industrial por sobre el artesanal, como argumentos para avanzar en este proyecto, pues son explicaciones que demuestran un total y completo desconocimiento de la realidad pesquera nacional”.
Ya algunos parlamentarios que votaron en contra del proyecto de anulación advirtieron inconsistencias jurídicas. El Gobierno también argumentó lo mismo. “No tienen ningún poder anulatorio de leyes”, dijo el subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.
Es por ello que ahora el proyecto debe ser analizado nuevamente en la Comisión y en medio de eso, esperar cómo evoluciona el Tribunal Constitucional tras confirmación de La Moneda de recurrir a dicha instancia.
Es así que desde el mundo pesquero artesanal la victoria no está al 100% y esperan seguir navegando en aguas turbulentas, pero en un contexto diferente, donde las demandas sociales siguen vigentes y que pesan fuerte en el sector legislativo.
De ahí que haya optimismo en que no encallen antes de enfrentar las varias olas que quedan antes de lo que diga el Senado.
El diputado Jaime Tohá, quien pertenece a la Comisión de Pesca, aseguró que La Ley Longueira “es una de las etapas más tristes de la historia de la institucionalidad democrática”.
Y aclaró que, “frente a los cuestionamientos y dudas que, al ser anulada esta ley, la presentación de una indicación que contiene un artículo transitorio que define un plazo de dos años para que esta anulación entre en vigor, salva absolutamente esa dificultad, creando un espacio suficientemente amplio para que un nuevo proyecto de ley reemplace a a la que se acaba de declarar nula”, aseveró el parlamentario.
Los pescadores industriales del Biobío, pese a su postura negativa, valoraron que se planteara mantener el actual cuerpo legal mientras se discuta eventualmente una nueva ley.
“Por ello queremos ver una oportunidad en la discusión legislativa pesquera que se viene y que sirva para conocer y valorar a la pesca industrial, derribar mitos y darle legitimidad a nuestra actividad”, declararon.
El diputado Gastón Saavedra, impulsor del Ministerio del Mar, opinó que “en la medida que seamos capaces, en el cuadro que esto prospere, Chile debe tener una nueva Ley de Pesca donde el eje de la sustentabilidad sea de verdad. Tenemos serios problemas con la conservación de las especies, porque nunca aplicamos métodos de carácter sustentable y se explotó continuamente. No tuvimos medidas precautorias. No fuimos capaces de mirar el futuro y nos está pasando la cuenta”.
El legislador resaltó que igualmente se “tiene que discutir la propiedad de los recursos hidrobiológicos, para cuidarlos, porque se transfirieron a título perpetuo (…) son situaciones que deben transformarse y velar primer por los intereses de la nación”.
Ayer la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados sesionó para abordar diversas materias, entre ellas la reciente votación del martes.
Es así como los parlamentarios acordaron solicitar a la Sala de la Cámara la remisión de dicho proyecto, una vez sea terminado de analizar por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara.
La resolución se adoptó a requerimiento del diputado Boris Barrera (PC), quien afirmó que “es de toda justicia que esas indicaciones se discutan en esta comisión”.
Y en otro ámbito se continuó con la ronda de audiencias en torno al proyecto que prohíbe la pesca de arrastre respecto de la especie merluza común.
A la sesión fueron invitados Omar Méndez, dirigente de caleta Cocholgüe; Luisa Zapata, dirigente del Sindicato de trabajadores de empresa Congelados Pacífico S.A; y Sergio Vera, presidente del Sindicato de Tripulantes y Ramos afines del Biobío (Fetrinech).
Finalmente, al término de la sesión, el presidente de la comisión, Luis Rocafull, anunció su renuncia al cargo.
Por ende, en la próxima sesión se procederá a elegir un reemplazo.