El especialista alertó sobre el fenómeno que está poniendo en riesgo la salud de la población ante, por ejemplo, el plomo de las baterías. Asimismo, abordó de los avances y desafíos de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Jorge Canals es abogado y fue Subsecretario de Medio Ambiente, y en conversación con Diario Concepción alertó sobre los perjuicios que está generando la prohibición de exportar residuos peligrosos, lo que impide, dijo, una mayor competencia interna, concentrando las instalaciones para su tratamiento y disposición, abriendo el camino para el comercio ilegal de, por ejemplo, baterías, cuyo plomo amenaza la salud de la población por la ausencia de regulación al respecto.
-¿Cuál es la situación?
-Después de tres años de tramitación, el hecho de que se haya representado por no ajustarse a derecho el reglamento para exportar o importar residuos peligrosos, en el marco de la Ley REP, genera un gran daño a la posibilidad de tratar de forma ambientalmente racional y costo efectiva este tipo de residuos, que tiene gran impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas.
-Chile es parte del Convenio de Basilea, que regula el movimiento de estos residuos…
-Sí, desde el 2010, para el caso de las baterías fuera de uso, rige una prohibición absoluta de exportarlas, dado que, en opinión de la autoridad de eses entonces, existía capacidad suficiente en el país para tratarlas adecuadamente.
-¿Y es así?
-Con ocasión de dicha prohibición, se ha visto como ha aumentado el tráfico ilegal y las fundiciones ilegales de plomo, por ejemplo. Porque la Ley REP debía reglamentar y regular este movimiento hacia mercados, e ir desarrollando gradualmente las instalaciones que permitan dotar al país de capacidad suficiente para valorizar los residuos, de acuerdo a los principios del Convenio de Basilea, y de las recomendaciones de la Ocde.
Sin embargo, hoy los mercados de la valorización funcionan de manera sub óptima en Chile, no teniendo capacidad para valorizar lo que se genera localmente, e impactando en el aumento del tráfico y el tratamiento ilegal, con los riesgos de aquello puede provocar para la población y el medio ambiente.
-¿Pero hay instalaciones en Chile para ese fin?
-Las instalaciones se siguen concentrando. Para las baterías, por ejemplo, hay sólo una en Calama, para todo el país y se generan eventuales perjuicios por el poder de compra que adquieren y las inmensas barreras de entrada que surgen para que se instalen nuevas instalaciones para tratar estos residuos, generando mayores costos. En otros mercados se llega a pagar dos o tres veces más por los residuos, producto de una mayor competencia.
-Pero la prohibición atenta contra este objetivo…
-Sí, de no existir la prohibición, existiría mayor competencia e incentivos para valorizar correctamente los residuos peligrosos, de acuerdo a los que determina el Convenio de Basilea, esto es, no un libre movimiento, sino que uno correctamente regulado, hacia determinados países con tecnologías adecuadas, y buscando incentivar más instalaciones en el país para que, a la larga, haya suficiente capacidad para valorizarlos todos en Chile.
-¿Cuál es el grado de implementación de la Ley REP a la fecha?
-La Ley REP se encuentra en una etapa bastante crucial de su implementación. Se sabe que el centro de la ejecución de la ley tiene que ver con el reglamento que establece las metas de recolección y valorización para los productos prioritarios. Ya tenemos dos en la Contraloría:neumáticos fuera de uso y otro para envases y embalajes que en virtud de la materialidad, volumen y circulación que ostentan, son por lejos los más importantes.
Uno de los requisitos para que la Ley REP funcione, es que salgan estos reglamentos de Contraloría para poder comenzar a aplicarlos. Neumáticos ya lleva un año ahí. Creo que las metas se harán vinculante ya en 2021.
-¿Cuáles son los desafíos?
-También corresponde avanzar más allá de la propia Ley REP, en eco etiquetado y eco diseño de productos, APL en esa línea. El gobierno está trabajando en un hoja de ruta de la economía circular, lo que forma parte de los compromisos climáticos. Todo en etapa inicial o en desarrollo y, en consecuencia, no se ven en el corto plazo la ejecución de éstos. Por eso el desafío es que se vaya constituyendo una infraestructura a lo largo del país que permita el manejo de residuos prioritarios: el tratamiento, la separación y las distintas formas de valorización. También es necesario que se vayan construyendo los sistemas de gestión, los grandes organismos que operarán todo el sistema REP. Hoy sólo hay uno grande que se constituye en envases y embalajes. También se necesita el compromiso ciudadano, municipal y empresarial para que vayan iniciando la separación de residuos en sus espacios. Es necesario tomar conciencia de esto.