Economía y Negocios

Repartidores penquistas en picada contra posible cobro de patentes

Alegan que asumir otro costo agudizaría más la precarización de su labor. Abogado estima que el cobro debe ser asumido por la empresa logística y alcaldes mantienen posiciones dispares sobre la propuesta.

Por: Edgardo Mora 14 de Octubre 2020
Fotografía: Carolina Echagüe

De prosperar la idea de cobrar patente a repartidores, surgida en algunas comunas de Santiago, quienes desarrollan esta actividad en la Región dicen que asumir un costo adicional significaría agudizar aún más la precarización de su labor.

Hay que precisar que mientras en algunas comunas se busca cobrar al repartidor, en otras, el cobro es para las empresas de plataforma.

Aquí, alcaldes de Concepción, Talcahuano y Chiguayante muestran dispares visiones ante la propuesta.

En cuanto a los repartidores de la zona, estos rechazan de plano el avance de la idea por considerarla negativa para su actividad.

Visión de repartidores

Para Álvaro Arredondo, repartidor que obtuvo recientemente un inédito fallo a favor contra una empresa de plataforma logística reprocha el cobro de patentes.

“Si la empresa no se hace cargo de este costo, nosotros como trabajadores no tenemos por qué hacerlo, creo que no corresponde que nosotros asumamos ese costo”, enfatiza Arredondo.

Además, sostiene que “si ya nuestras condiciones de trabajo son precarias, agregar un costo adicional ya sea directa o indirectamente de una patente, podría agudizar más aún esta situación”.

En tanto, Fernando Gallardo, vocero de la agrupación “Repartidores Penquistas”, da a conocer que mantienen reuniones con dirigentes  nacionales para analizar la situación de los cobros.

“En la Región somos alrededor de 2 mil repartidores y como agrupación recibimos como un balde de agua fría esta iniciativa que consideramos es una mala copia que comenzó en Colombia y que no dejaremos que avance”, resalta Gallardo.

Requerido acerca de si tienen pensado reunirse con los alcaldes de la intercomuna por separado o concertar reuniones con la Asociación de Municipalidades para abordar ésta y otras materias, responde que “a través de la CUT y otro tipo de organizaciones queremos lograr reunirnos con la Asociación de Municipalidades con el fin de parar esta iniciativa tanto en las comunas de Santiago como en regiones”.

El vocero argumenta que las plataformas cuentan con información milimétrica de los repartidores lo que pueden entregar de forma automatizada a las municipalidades.

Sobre las actuales condiciones del trabajador repartidor, acusa que “hoy día pagamos por la mochila, por el internet del celular, por el celular, por la bicicleta, motocicleta o el auto con las reparaciones y mantenciones correspondientes y por la licencia de conducir, es decir, pagamos por todos los costos de producción de estas economías de plataforma”.

Arista Jurídica

David González, abogado patrocinador del fallo a favor de Arredondo, aporta una arista jurídica respecto de eventuales cobros.

“No puede endosársele esta prestación o pago de patente al propio trabajador-repartidor, si no debe gravarse a la empresa que encarga el reparto y que en definitiva lucra con esta actividad, de lo contrario se estaría sancionando doblemente a un trabajador, al cual no solo no se le reconoce sus derechos como tal, y que además se le obliga a pagar por y para realizar su trabajo”.

Postura de alcaldes

Cabe mencionar que el argumento esgrimido por las autoridades comunales de la Región Metropolitana para implementar el cobro, es realizar un ordenamiento y registro,  para también prevenir la delincuencia.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, postula que “cada idea es digna de analizar en su justa medida, pero acá lo que hemos aprendido de esta pandemia es que tenemos que ser capaces de facilitar las condiciones para que las personas puedan seguir recibiendo alimentos, para que no sea necesario que salgan de sus casas y poner en riesgo sus vidas”.

También aboga en cuanto a que este tipo de servicios de delivery son una acción a favor de activar la economía, por lo que, de momento, no se ha puesto en la idea de cobrar.

“Lo primordial para nosotros es la vida humana y si este servicio permite bajar los riesgos de contagio, entonces uno lo tiene que apoyar”, indica Ortiz.

Henry Campos, alcalde de Talcahuano, indica que “es una idea que se puede explorar y revisar. Hay muchas empresas que realizan actividades económicas lucrativas que desarrollan aplicaciones que requieren del pago de patentes o permisos para poder funcionar”.

Aclara además que lo anterior apunta a las empresas y no a los trabajadores de reparto donde se debe considerar que no exista competencia desleal con el comercio establecido.

Campos concuerda con que el empadronamiento de los repartidores generaría mayor seguridad en cuanto a que ha habido aplicaciones que usan estos servicios para el tráfico de drogas.

Respecto a la posibilidad de implementar medidas similares en Talcahuano dice que “es algo que se puede discutir en el seno del concejo municipal a fin de garantizar la estabilidad económica e igualdad  con el comercio establecido que no genera reparto y no establecido que solo se dedican al delivery”.

Desde Chiguayante, su alcalde Antonio Rivas, manifiesta  que “el Estado debe garantizar la protección a los derechos de los trabajadores, tanto los formalizados, como del nuevo y creciente rubro del delivery, oficio que ha permitido que durante estos meses muchas familias puedan mantenerse en sus domicilios sin problemas”.

Del mismo modo, indica que “se debería generar un modelo en que las empresas tributen, pero no desde las grandes ciudades donde tienen inscritas sus oficinas, sino que desde los lugares donde se ejerce este servicio, sin afectar el sueldo de los trabajadores. Pero, sobre todo, urge legislar para que quienes se desempeñan en los delivery tengan un pago acorde a lo que realizan, con contratos que les brinden seguridad laboral y la posibilidad de enfermarse tranquilos”.

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