Se extienden las ayudas fiscales: giros aumentan en número y montos, mientras que se bajan transitoriamente los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía. Se advierte que se debe analizar la viabilidad del negocio en cuestión.
Dada la prolongación de la crisis sanitaria Covid-19, el 1 de julio se inició la tramitación de un proyecto de Ley para actualizar la Ley de Protección del Empleo, pero además para ampliar la cobertura del Seguro de Cesantía, y, por esta vía, incrementar la ayuda que está entregando.
La seremi del Trabajo, Sintia Leyton detalló que la nueva Ley de Protección al Empleo tendrá una tasa de reemplazo al primer mes de un 70%, como se hacía hasta ahora, pero hasta los cinco meses la tasa se mantendrá en un 55%. Y esto regirá tanto para trabajadores con contrato indefinido como a plazo fijo, con lo que se avanza en igualdad respecto a la primera versión de la ley.
Asimismo, se aumenta el número de giros, hasta siete, versus tres, válido para los dos tipos de contrato.
Por su parte, las personas que habían perdido sus trabajos, debían cumplir con 12 meses de cotización, y seis en el caso de los a plazo fijo para recién acceder a los fondos del Seguro de Cesantía. Ahora van a poder hacerlo en igualdad de condiciones, lo que aumentará el uso de los fondos, se estima que hasta el doble.
Sobre los plazos, hay dos instancias: la ley bajo suspensión del empleo que se prolongará hasta febrero de 2021. Originalmente terminaba en octubre. Y para quienes quieran solicitar la reducción de la jornada laboral, hasta julio de 2021.
“Respecto a los trabajadores de casa particular, quienes tengan suspendidos sus contratos, podrán acceder de manera directa al IFE, pues el retiro de los ahorros para indemnización a todo evento, no se considerará como ingreso para efectos de este beneficio”, explicó Sintia Leyton.
El abogado y socio de Moraga & CIA., Diego Messen, enfatizó en que primero se debe tener en cuenta que el aplazamiento de la ley implica la necesidad de seguir pagando imposiciones por el período en que esté vigente la suspensión, por lo que si una empresa ya no es viable o no tiene proyecciones para seguir funcionando en el futuro (marzo 2021) quizás no sea una buena alternativa acogerse a esta norma, ya que es “extender una agonía” que no vale la pena seguir soportando.
En segundo término, Messen recordó que no está claro si el gobierno hará una nueva inyección de dineros para sostener el fondo solidario, ya que a estas alturas, muchas empresas (trabajadores) han agotado su cuenta individual y por los porcentajes a mantener de subsidio (55%) probablemente sólo podrá sustentarse mediante un aporte financiero que haga el gobierno.
“El consejo que se puede dar, es tratar de analizar la viabilidad del negocio, con el objeto de ver si es factible seguir soportando más tiempo en una inactividad producto de la pandemia. Y de no ser así, quizás sea bueno iniciar un proceso de reorganización o liquidación para luego, llegada la normalidad, analizar la posibilidad de seguir con el negocio”.
En este sentido, cabe recordar que la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento también ha simplificado y bajado requisitos producto de la coyuntura sanitaria.