Por no contar con seguro de cesantía, no tienen fondos a los cuales recurrir en estas circunstancias de estado de catástrofe.
Entre las medidas del gobierno para enfrentar la crisis sanitaria se encuentra la conocida Ley de Protección al Empleo, iniciativa que busca resguardar la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía, pago de cotizaciones y a un porcentaje de sus ingresos (a costa de lo ahorrado en el fondo de cesantía y luego con un cargo al fondo solidario que recibe caudales públicos).
Si bien, cerca de 700 mil personas se han acogido a esta normativa de emergencia por la pandemia, según datos de la Superintendencia de Pensiones, hay un segmento de la población que está quedando fuera de este beneficio: todos los jubilados y personas con discapacidad que reciben pensión completa de cualquier régimen previsional, ello, al no contar con seguro de cesantía, por ende, no tienen fondos a los cuales recurrir en estas circunstancias de estado de catástrofe.
Sobre el grupo de pensionados por alguna discapacidad la cifra no es menor. Ya en 2015 el Estudio Nacional de Discapacidad (Endisc) arrojaba que el 20% de la población adulta vivía con alguna limitación física, psíquica, sensorial o mental.
Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD), comentó que “una persona con algún tipo de limitación que estaba trabajando antes de la pandemia gracias a la Ley de Inclusión Laboral (Ley 21.015) no puede acceder a la Ley de Protección al Empleo por lo que se perjudica al trabajador y a la empresa. Ellos no cuentan con seguro de cesantía (al igual que los pensionados) por lo que no pueden postular a este beneficio estatal”.
“La solución pasa porque el gobierno y el Parlamento se pongan de acuerdo y aprueben indicaciones urgentes a la ley. Si bien, recientemente la normativa sufrió algunos cambios, ninguno de estos es para apoyar este segmento de la población que lo viene pasando mal desde el 18 de octubre con el estallido social. Ahora que se discutirá este proyecto en el Congreso es necesario hacer estos ajustes, no podemos seguir esperando más tiempo”, instó Poblete.
Según cálculos de la fundación, serían más de 10.000 las personas en situación de discapacidad con alguna relación laboral vigente en el contexto de la Ley 21.015 las afectadas por esta falta de cobertura que, en palabras del presidente de la FChD, se podría considerar discriminatoria debido a la marginación que se genera, por lo que “se requiere cuanto antes una solución para evitar estos vacíos legales que elevan la desigualdad de los grupos más vulnerables de nuestro país, como son los trabajadores con pensión total de invalidez, que en la mayoría de los casos necesitan trabajar para complementar sus pensiones que son bastante bajas y así entregar un sustento a sus hogares”, concluyó el representante de Fundación Chilena para la Discapacidad.