Choferes del transporte público penquista plantean falta de información sobre el nuevo esquema y advierten una eventual merma en sus ingresos. También persisten interrogantes sobre el control de la evasión.
Lo que debes saber
• El cambio en la forma de recaudar genera incertidumbre entre los choferes, quienes buscan que la nueva estructura salarial no signifique una merma en sus ingresos habituales.
• También plantean medidas de seguridad para evitar que los conductores deban enfrentar directamente a pasajeros que incumplan el pago de la tarifa.
• La implementación tiene como desafío definir quién controlará el no pago de pasajes y qué rol tendrán conductores, inspectores, municipios y Carabineros.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.
La llegada del recaudo electrónico al transporte público del Gran Concepción no solo modificará la forma en que los usuarios pagan sus viajes. El cambio también alterará una relación que durante décadas se ha desarrollado directamente dentro de los taxibuses: la del conductor con el efectivo del pasaje y la bonificación por boleto cortado.
Sin embargo, dirigentes sindicales del transporte reconocen que todavía no existe claridad sobre cómo quedará definitivamente estructurada la remuneración cuando el nuevo sistema entre en régimen.
Tal discusión adquiere relevancia a partir de la experiencia de otras ciudades. En Temuco, por ejemplo, donde el recaudo electrónico comenzó a implementarse en 2025, su puesta en marcha estuvo acompañada de conflictos laborales y denuncias de conductores respecto de una eventual disminución de sus remuneraciones, produciéndose incluso movilizaciones en algunas líneas.
Otra arista tiene que ver con la evasión. Recientemente, el medio La Discusión de Chillán dio cuenta de que diversos transportistas de esa ciudad reconocen que, por razones de seguridad, prefieren no confrontar a pasajeros que no pagan y, en determinadas circunstancias, simplemente les permiten abordar.
La situación vuelve a poner el foco en cómo se garantizará el pago de cada pasaje, especialmente si el conductor deja de tener un vínculo directo con la recaudación, pues las ganancias asociadas al boleto cortado se han constituido históricamente en el componente esencial del ingreso de los conductores.
Y pese a las promesas de un ingreso fijo y mayor estabilidad laboral que plantea el sistema electrónico, persisten dudas sobre su implementación. Ante este escenario, Diario Concepción consultó a representantes de los choferes locales.
José Coronado, vocero regional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, sostiene que actualmente una parte importante de los ingresos de los choferes proviene del porcentaje asociado a los boletos cortados.
Según explica, en las líneas donde se mantiene este esquema, el conductor puede recibir alrededor de un 20% del valor de cada pasaje. Con una tarifa adulta de $580, ejemplifica, la comisión representa cerca de $120 por pasajero, mientras que, en el caso de un estudiante, cuya tarifa es de $190, bordea los $40.
Por ende, su principal preocupación apunta a que la formalización asociada al recaudo electrónico termine transformándose en una reducción del ingreso efectivo. Según afirma, en algunas conversaciones con las empresas se ha planteado mantener un sueldo fijo cercano a los $650 mil, pero acompañado de una comisión considerablemente menor, de entre 3 % y 5 %.
“Tú vas a perder $650 mil, $700 mil, $800 mil de comisión a cambio de un sueldo fijo”, cuestiona.
A su juicio, una fórmula de este tipo podría mantener la apariencia de estabilidad contractual, pero disminuir los ingresos que actualmente permiten a los conductores sostener sus hogares.
El dirigente advierte, además, que una eventual reducción podría hacer menos atractivo el oficio y profundizar la salida de trabajadores hacia otras actividades, recordando la masiva fuga de talentos que se dio en la pandemia del Covid-19.
“Hay conductores que se han ido a los camiones, a los camiones de reparto, a las aplicaciones, al norte, a Rancagua. Muchos no quisieron volver a la misma historia otra vez”, sostiene.
Con todo, reconoce que contar con un sueldo estable constituye uno de los aspectos positivos que los trabajadores esperan del nuevo sistema, siempre que este no implique renunciar a una parte sustantiva de sus ingresos actuales.
La discusión también alcanza directamente a la evasión. Bajo el esquema actual, cada pasajero que no paga representa para el conductor la pérdida de la comisión asociada a ese boleto. Sin embargo, Coronado replica lo expuesto por sus pares en Chillán, pues aquello no significa que los choferes estén dispuestos a confrontar a quienes evaden, principalmente por razones de seguridad.
“Cuando tú te pones en discusión con un pasajero, no sabes con quién te vas a encontrar”, argumenta.
El dirigente asegura que los trabajadores han solicitado al Ministerio de Transportes (MTT) que las empresas incorporen cabinas de segregación, es decir, una separación física entre el conductor y los pasajeros, como mecanismo de protección frente a agresiones.
La Ley 21.816, que modifica la normativa sobre evasión y fiscalización del transporte público, contempla precisamente que las bases de licitación para la concesión del uso de vías destinadas a buses incorporen cabinas de seguridad destinadas a proteger la vida y salud de los conductores.
“El conductor no puede estar peleando con el pasajero por $300. Nosotros no nos vamos a arriesgar a ser agredidos por un pasaje. El velar porque el sistema funcione es rol de las autoridades, no nuestro”, plantea.
Domingo Aravena, presidente del Sindicato de Conductores de la Ruta Las Bahías, coincide en la necesidad de transparentar cuánto reciben realmente los trabajadores y ve en el recaudo electrónico una oportunidad para formalizar ese ingreso.
“No estamos pidiendo que nos regalen nada, sino transparencia en lo que realmente ganamos”, sostiene Aravena, quien espera que ese ingreso pueda quedar debidamente reflejado en las nuevas liquidaciones y contratos.
Para el dirigente, el desafío no pasa simplemente por sustituir el porcentaje por un sueldo fijo, sino por lograr que la nueva estructura permita mantener un ingreso acorde con la labor y las responsabilidades que implica conducir un taxibús.
Respecto a lo que actualmente gana en promedio un chofer en su línea, Aravena expresó que “ahora se está pidiendo más o menos lo mismo, pero que se haga llenar una planilla reflejada, cosa que ayude, por ejemplo, si uno a pedir un crédito”, cerró.
A pesar de que el MTT hoy prepara la implementación del recaudo electrónico en el Área Metropolitana, la pregunta no es menor, especialmente luego de que la Contraloría tomara razón de la Ley 21.816, que endureció las sanciones contra quienes evaden el pago.
La normativa establece que, constatado el no pago, determinados funcionarios y personal autorizado deben requerir al pasajero el pago de una tarifa recargada. Si este se niega, corresponde disponer su descenso del vehículo y remitir los antecedentes para iniciar el procedimiento sancionatorio.
La norma también permite que personal de los propios prestadores de transporte, propietarios de buses y otros trabajadores autorizados puedan constatar el correcto uso de los mecanismos de acceso al transporte, de acuerdo con los requisitos que establezca el Ministerio de Transportes.
El punto que todavía requiere definición para el Gran Concepción es quiénes asumirán concretamente esa función. En base a la experiencia chillaneja —aunque los conductores reconocen que existen varios pasajeros que no pagan—, la Seremi de Transportes de Ñuble reporta apenas un 0,06 % de evasión entre los pasajeros fiscalizados durante 2026, cifra que los propios gremios cuestionan.
La implementación local deberá determinar, entonces, cuántos inspectores estarán disponibles, qué papel tendrán los municipios y Carabineros y, especialmente, si los conductores tendrán la expresa obligación de verificar que cada pasajero haya pagado.
Por ende, la experiencia de otras ciudades muestra que la modernización no termina en instalar una máquina de pago. El desafío será evitar que esas dos dimensiones —la fiscalización de la evasión y la remuneración de los conductores— queden como problemas posteriores a la implementación.