Organizaciones sociales acusan falta de soluciones de fondo, mientras alcaldes de la zona respaldan la iniciativa legal ante el aumento de incivilidades.
El recientemente ingresado proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que pretende agregar al Código Penal un nuevo delito relacionado con la instalación de rucos, ha abierto un debate en la Región del Biobío.
Por un lado, están las organizaciones que se dedican al apoyo de personas en situación de calle, quienes están en contra de la aplicación de sanciones penales; y, por otro, la voz de los alcaldes de comunas que se han visto afectadas por un gran número de estas construcciones y sus ocupantes, quienes manifiestan una posición a favor de la tipificación penal de dichas situaciones.
Sólo en Concepción, casi 500 personas están en situación de calle, cifra que se acerca a las 2 mil si hablamos del Biobío, según el último Censo.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a principios de junio, anunciaron el Plan Noche Digna, el cual ofrece alrededor de 410 camas en albergues, además de la distribución de materiales para enfrentar la lluvia y el frío. También, este lunes oficializaron el Código Azul en Biobío, por la llegada de bajas temperaturas.
Desde la Corporación Sempiterno, institución que se dedica a la atención y apoyo de personas en situación de calle y ejecuta programas de la Seremi de Desarrollo Social, su directora ejecutiva, Loreto Vidal, manifestó que “no se trata solamente de retirar los rucos y de tipificarlos como delito. Esto es mucho más profundo y necesita un análisis como tal; requiere más actores que puedan opinar en busca de soluciones efectivas”.
Respecto del desalojo de rucos que actualmente se realiza, Vidal comentó que ha presenciado la llegada a centros de acogida de personas abrumadas, porque han sido despojadas de las pocas cosas que logran tener. “Es abrumador, porque estamos retirándolos, pero no los estamos llevando a un lugar protegido, haciendo esto de manera un poco autoritaria y con muy poca consideración”, apuntó.
Loreto Vidal recalcó que la Región del Biobío tiene una baja capacidad para albergar personas, de solo el 5% respecto del total que está en situación de calle. “Creo que debemos volver a pensar en el valor que tiene la persona humana en todas sus dimensiones”, argumentó.
Los problemas que enfrentan las personas en situación de calle tienen que ver con la salud mental y las adicciones, estableció Vidal, por lo que la solución debiese abordar primero esas circunstancias. “Creo que esto es como poner una gasa sobre una herida infectada que inevitablemente se va a profundizar, a necrosar y, finalmente, irá rompiendo este tejido social que debemos construir a diario”, apuntó.
Desde el Área de Inclusión Social de CATIM, su director, Óscar Vidal, señaló que la situación de calle, al ser un fenómeno complejo, no puede resolverse únicamente mediante herramientas penales. “Hemos observado que las soluciones más efectivas pasan por fortalecer el acceso a la vivienda, la atención en salud mental, el tratamiento del consumo problemático de alcohol y otras drogas, la inserción laboral y el acompañamiento psicosocial”, estableció.
Una importante distinción entre conducta y condición social realizó Óscar Vidal, quien señaló que “la respuesta del Estado debe enfocarse en las conductas que generan riesgo sanitario, deterioro o afectación del espacio público, evitando criminalizar la pobreza o la situación de calle”.
En la comuna de Concepción, ciertamente se concentra un importante número de estas construcciones improvisadas, por lo que el alcalde Héctor Muñoz se manifestó a favor del avance de este proyecto de ley y valoró el ingreso de la iniciativa.
Aseguró que esta es una realidad que se ha vuelto muy compleja, puesto que no solo se trata de la ocupación irregular del espacio público. Muñoz mencionó que “ocurren agresiones a inspectores municipales y episodios de violencia extrema, incluso homicidios, asociados a algunos de estos asentamientos. Por eso considero que es un paso necesario para proteger a las comunidades”.
Sin embargo, el alcalde penquista manifestó su preocupación: “Es fundamental que la ley distinga con claridad entre las personas en situación de calle que requieren apoyo social y los casos donde existen conductas delictivas, ocupaciones violentas o riesgos sanitarios (…) Pero también debe ir acompañada de programas sociales efectivos, porque la solución no es solo sancionar, sino también ofrecer alternativas reales de acompañamiento y reinserción”.
La utilidad de la norma es que permita actuar con rapidez si hay amenazas a la seguridad, estableció el jefe comunal. “Contar con una ley que tipifique la instalación de rucos como delito en contextos de riesgo permitiría ordenar el espacio público, proteger a los vecinos y respaldar el trabajo de nuestros funcionarios”, indicó Héctor Muñoz.
En Penco, en la zona céntrica de la comuna, el municipio desalojó este lunes un ruco. Desde el municipio indicaron que con esto buscaban también hacer frente a acciones delictuales que se habían perpetrado, como el robo en cuatro ocasiones a la Cruz Roja local. Por lo anterior, el alcalde Rodrigo Vera manifestó que aplicarán la política de “tolerancia cero” a los rucos.
“Uno de los elementos a considerar de los rucos es que hay una relación directa —así lo indican los informes de Carabineros— con la reincidencia. Nos dicen que muchos de estos rucos son de personas en situación de calle, pero al revisar los antecedentes, hay casos asociados a microtráfico”, señaló el alcalde de Penco.
El jefe comunal realizó un llamado al Congreso en el sentido de que priorice la ley y que esta genere sanciones ejemplificadoras. “Estos rucos ocurren, además, en bienes nacionales de uso público, como playas o sectores de difícil acceso, pero que igualmente generan un impacto negativo, especialmente en los vecinos del sector”, argumentó.
“La seguridad tiene muchas variables y claramente los rucos son una de ellas, en el sentido de la sensación de inseguridad que generan. No es grato para los vecinos ver estas construcciones, ya que asocian su presencia a incivilidades”, afirmó el alcalde Vera.
Desde la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia establecieron que “nuestro mandato como Ministerio es proteger la vida de las personas. Por eso, incluso en las rutas calle entregamos materiales como nylon y carbón para reforzar el resguardo en días de lluvia”.
También señalaron que “frente a la aparición de rucos, nuestro rol no es punitivo ni expulsivo. Nuestro rol es la protección de la vida, siempre, en cualquier condición, estando en ruco o no”.
Sin embargo, aclararon que esta materia no compete únicamente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y afirmaron que “también tienen implicancia las autoridades de seguridad, las policías, los municipios y las entidades de salud, que pueden influir directamente en el trabajo con los rucos existentes y con los que puedan aparecer”.