El denominado “Caso Convenios” sacudió la institucionalidad política y administrativa de la Región del Biobío, transformándose en una de las mayores crisis de transparencia a nivel local. Las primeras repercusiones comenzaron tras descubrirse presuntas irregularidades, tráfico de influencias y faltas a la probidad en el traspaso directo de millonarios fondos públicos desde el Gobierno Regional (Gore) hacia fundaciones y corporaciones privadas que no contaban con la experiencia técnica necesaria para ejecutar los programas asignados.

La arista más compleja y de mayor impacto mediático en la zona fue el “Caso Lencería”, centrado en los recursos entregados a la Fundación En Ti. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que los fondos fiscales, destinados originalmente a la capacitación de vecinos en sectores vulnerables de Concepción, terminaron siendo desviados para adquirir otro tipo de bienes.

Este escándalo provocó la detención y formalización de diversas personas, además de forzar la renuncia de altos directivos y jefes de división dentro del propio Gobierno Regional del Biobío.

Las consecuencias judiciales y políticas se extendieron rápidamente por todo el aparato público regional. El Ministerio Público allanó reparticiones del Gore Biobío y de corporaciones aliadas, incautando computadores y registros documentales para pesquisar el uso de los dineros estatales. Paralelamente, el Consejo Regional exigió auditorías externas y congeló temporalmente la aprobación de nuevos convenios directos.

El caso generó un profundo debate sobre la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos, gatilló severas críticas a la fiscalización de los proyectos y reconfiguró por completo el escenario político local ante las sucesivas declaraciones de imputados y los prolongados procesos de medidas cautelares.