Como una medida que responde a la serie de avisos que se presentaron durante las últimas semanas, desde el Slep Andalién-Costa generaron un documento con orientaciones para reaccionar de la forma correcta ante estas situaciones.
Procurando preparar a la totalidad de sus comunidades educativas el Slep Andalién Costa (Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana), generó un texto con las orientaciones y recomendaciones hacia los directores o directoras de establecimientos educacionales y jardines infantiles que lo integran, para enfrentar con pertinencia casos de amenazas, como lo ocurrido en las últimas semanas tanto a nivel local como en otros puntos del país.
De acuerdo al director ejecutivo de Slep, Ramón Jara, el objetivo es resguardar la seguridad de las comunidades escolares, con recomendaciones generales ante estas situaciones en el marco de los esfuerzos que realizan como institución para promover respuestas oportunas y coordinadas.
Se trata de situaciones que pueden generar preocupación en las comunidades educativas, por lo que, desde el Slep, aseguran que estar preparados implica contribuir a la generación de entornos seguros, para fortalecer los procesos internos y la articulación de acciones en materia de seguridad escolar.
En ese sentido, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Andalién-Costa, indicó que “lamentamos profundamente que la educación chilena se vea enfrentada a contextos que afectan la tranquilidad y el normal desarrollo de las comunidades educativas. Estas situaciones tensionan no solo los procesos de aprendizaje, sino también el bienestar integral de estudiantes, docentes y asistentes de la educación”.
Es por ello que como sistema se mantienen en el compromiso por resguardar la continuidad educativa, priorizando la seguridad, la convivencia y el acompañamiento oportuno a las comunidades, mencionó Ramón Jara.
El documento que elaboraron indica, en primera instancia, que el Servicio ha desarrollado gestiones con seremis, policías, municipios y redes de apoyo para abordar estas situaciones. Y que el contenido del escrito busca orientar el actuar frente a amenazas escritas vinculadas a hechos de violencia, promoviendo respuestas adecuadas.
El alcance de este mensaje involucra a funcionarios, directivos y la comunidad educativa en general. Su objetivo es plantear cómo reaccionar ante acciones como: rayados con mensajes de amenaza, mensajes escritos, verbales o digitales de posibles agresiones, publicaciones en redes sociales que generen alarma, amenazas directas o indirectas y otras situaciones que afecten la seguridad.
Como contexto definen que “se entenderá por amenaza escrita toda manifestación física o digital (rayados, mensajes, redes sociales, etc.) que pueda poner en riesgo la integridad física o psicológica”.
Además, realizan la definición legal respecto de las intimidaciones que pueden constituir delito, de acuerdo al Código Penal. También describen que las amenazas escritas son consideradas agravantes.
El procedimiento de actuación desde los recintos debería contemplar la detección del mensaje, el aviso de inmediato sin manipulación de la evidencia. Luego registrar la evidencia mediante fotografía con fecha, hora y lugar.
Posterior a eso, viene la evaluación de la gravedad por parte del equipo directivo para activar los protocolos del establecimiento, la correspondiente comunicación al sostenedor y a las autoridades que sean necesarias.
En el caso de que el autor de la amenaza sea identificado, las sanciones deberían ser: la posible aplicación de Ley Aula Segura (expulsión/cancelación matrícula), la denuncia obligatoria a Carabineros, la suspensión inmediata y acciones formativas posteriores.
Si el responsable del mensaje no es identificado, corresponde la denuncia. En todos los casos es necesaria la realización de contención emocional a la comunidad afectada.
“Se establece como prioridad crear un protocolo formal de actuación ante amenazas, el cual debe integrarse al Reglamento Interno durante el primer semestre”, indica el oficio.
En cuanto a si las clases debieron ser suspendidas producto de las amenazas en el Slep Andalién Costa, Ramón Jara indicó que “desde el enfoque formativo y de resguardo del bienestar de las comunidades educativas, se priorizó la continuidad del proceso educativo mediante la implementación de medidas pedagógicas y organizativas flexibles, tales como ajustes en los horarios, acortamiento de jornadas y el desarrollo de actividades formativas”.
“No se determinó la modificación del calendario escolar ni la disminución del periodo de vacaciones”, estableció Jara.
La situación general del Slep Andalién Costa es que “no se registraron suspensiones de clases por este motivo. No obstante, al menos 20 establecimientos enfrentaron situaciones de amenaza, las cuales fueron abordadas a partir de las recomendaciones del Slep. En estos casos, se activaron medidas preventivas y de resguardo, tales como ajustes en las jornadas, coordinaciones con seguridad municipal y Carabineros”.
En el caso de este servicio, Ramón Jara estableció que “dado que no hubo suspensión de clases, no corresponde la recuperación de días, manteniéndose la continuidad del calendario escolar”.
Consultado el Slep Andalién Sur respecto a sus modificaciones en el calendario escolar, establecieron que “no hubo ningún cambio, ni suspensiones”.
Sobre la cantidad de establecimientos a nivel regional que debieron suspender clases producto de la seguidilla de alarmas durante las últimas semanas, desde la Seremi de Educación del Biobío indicaron que “toda suspensión de clases solicitada por el sostenedor, ya sea por amenazas, fuerza mayor u otra circunstancia, debe considerar la recuperación de cada jornada suspendida. Así lo establece el calendario escolar regional y se trata de una medida conocida de antemano por los establecimientos educacionales”.
También explicaron el procedimiento que establece que el establecimiento que requiere la suspensión. Este debe enviar una solicitud al Departamento Provincial de Educación correspondiente, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Posteriormente, la reprogramación queda regularizada mediante resolución.
“En relación con los centros educacionales de la región que han dispuesto la suspensión de clases por amenazas, las reprogramaciones se han canalizado de acuerdo con la normativa vigente”, indicaron desde la Seremi.