En entrevista con Diario Concepción, dio a conocer el avance del trabajo del servicio en materia de reconstrucción tras los incendios del verano pasado, también sobre el Plan de Emergencia Habitacional y sus impresiones del Caso Convenios que remece a la Región y al país.
Tras ser nombrada en septiembre de este año con el cargo de directora del Servicio de Vivienda y Urbanización, a la abogada María Luz Gajardo Salazar le ha tocado un clima tormentoso, con el Caso Convenios de por medio y con un desafío habitacional importante en la región.
-¿Cómo ha sido su aterrizaje en el cargo de directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío? y, ¿Cuál es su balance del tiempo que lleva en el mismo?
Este es un cargo al cual se postula, y por lo cual yo valoro que exista un proceso de concurso y de designación, pero es fundamental estar de acuerdo con las políticas sectoriales, a nivel nacional y de gobierno. Anteriormente igual había ejercido el cargo de directora del SERVIU en la Región de Magallanes, así que estoy doblemente agradecida por el nombramiento.
-¿Qué encontró cuando asumió? ¿Se encontró con la casa ordenada o con muchas cosas por hacer por parte del servicio?
El SERVIU es un organismo público de gran envergadura, por esto creo que siempre requiere de mucha atención para que la gestión que se realice allí sea eficiente, en ese marco, afortunadamente lo que encontré fue la posibilidad de incidir en los ritmos de la propia gestión. Hemos estado intentando poner foco en las dificultades e intentando allanar esas dificultades y acelerando el ritmo. Si yo te dijera que es lo que me gustaría instalar al interior del SERVIU, es la capacidad de diálogo, de avanzar todos juntos, de entender que, como todo equipo de trabajo, todos somos importantes y que es una gestión de muchas y muchos. Todos ponemos nuestro granito de arena, desde la persona que nos atiende en la oficina de información, la asistente social que va terreno, el equipo técnico que resuelve problemas, los equipos que coordinan, que controlan y dirigen, ese lazo es el que tenemos que reforzar.
-El verano pasado tuvimos la problemática de los incendios que fue un duro golpe para la región, ¿Se ha logrado avanzar lo suficiente como para poder darle tranquilidad a las familias, en el marco de la entrega de viviendas de emergencias? ¿El trabajo con viviendas definitivas se ha retrasado?
Lo más relevante en esto, que tiene que ver con las certezas que puedan tener las familias, es que van a tener su vivienda definitiva. Está cumplido en el sentido que hemos logrado entregar los subsidios para que ello suceda, del total de familias que cumplían con el requisito, sólo tenemos 9 familias que no presentaron postulación y tenemos 734 subsidios asignados.
Por otra parte, estamos trabajando para mejorar el ritmo con el que lo vamos a hacer, porque reconocemos que el ritmo podría haber sido mejor. Nos concentramos desde octubre hasta ahora, en que no tuviéramos familias que fueran a quedarse sin subsidios, ese fue nuestro primer foco. Ahora nuestro foco va a estar enfocado en cómo apretamos tiempos, para que las familias tengan su vivienda definitiva, por ejemplo, las familias de Punta Lavapié que vivieron una realidad muy dura, las invitamos a que vean las viviendas industrializadas y les gustó. Esto implica que desde marzo estas personas van a estar viviendo en sus casas, ya que este tipo de viviendas requiere de muy poco tiempo de instalación.
Queremos entrar fuertemente en el concepto de vivienda industrializada para las familias, para eso queremos disminuir los plazos y aumentar los ritmos. Todo esto, ya que creemos que han existido situaciones que nos han ido retrasando, como el factor climático. Lamentablemente por las dificultades que dejan los incendios forestales, la reconstrucción se debe hacer una a una. No es lo mismo construir un conjunto habitacional o en sectores urbanos, que llegar a los sectores rurales donde se encuentran la mayoría de estas casas.
-En el marco del Plan de Emergencia Habitacional, ¿Cuál es el balance y cómo se proyecta?
En esta Región el plan ha sido un éxito, ahora yo creo que debemos tener en cuenta dos cosas. El Gobierno pone como eje de trabajo el medir el déficit habitacional similar al que existía en los años 90. Entonces nos dicen que vamos a ordenar esto de tal manera que nos pongamos a trabajar en sentido de urgencia y así en base a cifras de las últimas encuestas. De esta manera nos permite construir y entregar un número de viviendas que a nivel nacional llegan a las 160 mil y en el caso de la Región el número supera las 18.876 casas entregadas al final de la actual administración.
De estas ya hemos entregado más de 11.699 lo que equivale al 61,9% del total. Con esto, somos la segunda región en cuanto al nivel de cumplimiento y al nivel de volumen, sólo superados por la Región Metropolitana, ya que sus volúmenes son mayores. Entre diciembre y marzo del próximo año queremos iniciar 3 mil viviendas más.
-Entonces…
Además, con este Plan de Emergencia Habitacional buscamos descentralizar, por ejemplo, acabamos de aprobar técnicamente 200 viviendas en Tirúa. Es relevante hacer esto, otro proyecto similar estamos haciendo en Antuco, donde además no se había construido hace más de 15 años y ahora hay un plan de 60 viviendas ahí.
En este mismo plan, tenemos una medida donde queremos dejar un banco de suelo, es decir dejar creado un stock de hectáreas disponibles para despegar proyectos. Ahora nos encontramos con que estamos comprando suelo en Chiguayante, en Los Ángeles, en Hualpén y en Coronel.
-A usted le tocó llegar en un momento que era complicado, en relación al Caso Convenios, ¿Como ha afrontado esta materia?
Quisiera decir primero que son bienvenidos todos los procesos de fiscalización e investigación que sean necesarios. La mirada que hay que tener sobre eso, es que nos ayudan a mejorar. Lo segundo que me gustaría comentar, es que hay que descartar que en la Región tengamos situaciones que impliquen niveles, más allá de ciertos desaciertos administrativos, de procedimientos que estaban insuficientemente controlados, espacios que existían para realizar procedimientos que puedan haber estado insuficientemente fundamentados.
Lo que pasa es que la norma que regula esto, está contenida en la Ley de Presupuestos, permite que, en el caso de los recursos de asentamientos precarios, que son pequeños en términos de monto en relación al presupuesto del ministerio, se entregaran a entidades que no persiguieran fines de lucro sin requerir, como por ejemplo boleta con carga de garantía. Porque la norma de Ley de Presupuesto lo permitía. Así como se hacían transferencias con los municipios, a los cuales no les requería este tipo de boletas, hicieras transferencia a estas entidades sin fines de lucro.
Pero este era un funcionamiento que debía estar mucho más fundado de lo que está, entonces eso es algo que podemos mejorar, en donde además de la normativa presupuestaria que va a regir de aquí en adelante, además de eso debió haber habido mayor nivel de transparencia en la toma de decisiones.
Por lo menos, con los antecedentes que tenemos hoy en día, lo que no tenemos es una situación similar a la de Democracia Viva, eso hasta donde tenemos los antecedentes. Lo que sí podemos tener son situaciones que debemos corregir, controles que debemos aumentar, restricciones que debemos imponer y mantener.
-Sobre funcionario del Serviu Biobío que aparece vinculado a este caso, ¿en qué situación se encuentra?
Aquí quisiera decir que, en estos tiempos, en todo este proceso, esa persona está siendo parte de un sumario administrativo. Estos sumarios deben tener 2 miradas muy importantes. La primera es que está hecho para cautelar y garantizar los intereses del organismo en particular, pero además un sumario administrativo debe cautelar los derechos de las personas.
La persona a la que usted alude está siendo objeto de este sumario, el cual fue ordenado por nosotros como administración y luego fue confirmada la ejecución del mismo por contraloría y ellos nos han solicitado que hagamos llegar los resultados para que ellos revisen todo el procedimiento y emitan el pronunciamiento mediante la toma de razón.
Una vez que eso esté concluido, se compartirá esa información, pero mientras tanto hay que cuidar los derechos de las personas y a la vez garanticemos los derechos de la institución.
-¿Hay alguna evaluación de cómo ocurre una situación así? ¿Tiene usted alguna opinión con respecto a esto?
Si tenemos un sumario administrativo en curso, es porque evidentemente existe el fundamento suficiente para entender que tenemos límites administrativos traspasados. Pero en este caso en particular, prefiero dejar que el sumario hable. Una vez que el procedimiento termine, la propuesta que haga la persona que trabaja como fiscal, dará una respuesta que se revisará por la dirección superior y además se va a revisar por la contraloría y tendremos la resolución.
-¿Le ha afectado esta situación al SERVIU?
Si, absolutamente. Yo creo que lo más importante es la sensación de las personas que trabajamos en SERVIU de ser cuestionadas en nuestro trabajo, en circunstancias que en mi opinión es que un servicio de esta envergadura son en general muy buenos funcionarias y funcionarios públicos.
En nuestro organismo trabajan alrededor de 600 personas que se desempeñan todos los días en temas habitacionales y urbanos.