A propósito de la necesidad de mayor cantidad de recursos destinados a enfrentar el clima de inseguridad, alcaldes de la Región definieron su postura ante acción de casas edilicias de la Región Metropolitana.
Dado que dos municipios en la Región Metropolitana tomaron la determinación de declarar mediáticamente que se encuentran en Estado de Emergencia Comunal, La Reina y La Florida, para poder destinar mayores recursos propios a las medidas que busquen resguardar la seguridad ciudadana de sus territorios, en la Región del Biobío también se levantaron voces al respecto, que por un lado comprenden la necesidad de actuar ante la delincuencia, pero otras advierten la cautela que requiere el tema.
El director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Concepción, Marcelo San Martín, estableció que este Estado de Emergencia Comunal, tiene más que ver con un nombre que se le otorga a un conjunto con acciones en respuesta la necesidad ciudadana de seguridad, que con un término acuñado legalmente.
“Creo que quisieron resaltar la importancia del tema porque los Estados Constitucionales son de Excepción. Si está bien utilizado o no, a lo mejor pudo haber confundido a la ciudadanía, pero tampoco es una cuestión ilegal, ellos le pueden colocar el nombre que quieran. En el entendido que no se están refiriendo a la regulación del Artículo 42 de la Constitución, al Estado de Emergencia como un Estado de Excepción Constitucional. Quizás si hubiesen inventado otro nombre sería menos confuso”, expuso el académico.
Respecto de si la municipalidad puede intervenir en temas de seguridad pública, Marcelo San Martín, sostuvo que “ese un problema de orden jurídico. Hace un tiempo atrás se incorporó a la municipalidades en el Artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, precisamente la función de desarrollar, implementar, evaluar y adoptar medidas en el ámbito de la seguridad pública, que es una función compartida (…) pero la misma disposición, hay que tenerlo presente, establece expresamente que debe ser sin perjuicio de la facultad que tiene el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas”.
El académico además explicó que el alcalde puede modificar el presupuesto municipal con el acuerdo del Consejo Comunal. “Por ejemplo, si a lo mejor teníamos presupuestado ejecutar una obra y ahora como existe esta necesidad más urgente de preocuparse de la seguridad pública, eso lo puede hacer”, indicó.
Una de las medidas anunciadas habla del Programa de Vigilantes Civiles Municipales, específicamente por parte del alcalde José Manuel Palacios de La Reina. Al respecto, San Martín, puntualizó que “sin duda alguna el concepto o el vocablo vigilante genera duda, yo creo que todos vigilamos. Pero traspasar las responsabilidades de vigilancia y la obligatoriedad a vecinos de denunciar, yo creo que está bien hacer la prevención, porque eso no podría ser porque el Estado no lo puede hacer, menos la Municipalidad”.
Para el académico UdeC, también es necesario considerar que los alcaldes probablemente están tratando de responder anticipadamente a una posible demanda por falta de servicio de órganos del Estado. “Cuando hay una necesidad pública y a quienes la ley ha otorgado atribuciones deben enfrentar esa necesidad, si no lo hacen o lo hacen deficientemente pueden caer en ello. Y en este sentido, las municipalidades responden también por falta de servicio. El tema es complejo, no es una cuestión a la que estábamos acostumbrados. La gente, al margen de consideraciones políticas, viven en un clima de inseguridad por el nivel de agresividad de la delincuencia”.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb), Álvaro Ortiz, indicó que “desde el punto de vista municipal todo lo que se pueda hacer en favor de los vecinos y en contra de la delincuencia, es algo que se agradece”.
Sin embargo, Ortiz afirmó que le resulta preocupante el anuncio de decretar Emergencias Comunales indicando que ello les permite agilizar el uso de recursos. “Si bien aquello es relativamente efectivo, lo que no queda claro es para qué se necesitan esos recursos en específico”.
“Para la Amrbb la seguridad ciudadana es una prioridad, por eso mismo entendemos que la gestión en este tema es un asunto transversal e interdisciplinario. Por tanto, nos parece un error que cada actor trate de realizar acciones por su cuenta. Porque eso, de alguna manera, da una señal errónea a la comunidad”, señaló el alcalde Álvaro Ortiz.
Por su parte el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, primer vicepresidente de la Asociación Chilena Municipalidades (Achm) respaldó la decisión que han tomado de decretar una emergencia comunal por seguridad. “Estamos viviendo situaciones complejas en materia de delincuencia y de homicidios”, apuntó.
Pero estableció que hay que tener un cuidado importante, ya que no se puede exponer a los vecinos a la autotutela. “No podemos exponer a la ciudadanía a la justicia por mano propia”, dijo.
“Nosotros hemos invitado a través de la Asociación Chilena de Municipalidades a la creación de comités de seguridad, a la instalación de alarmas comunitarias, de cámaras de seguridad en los diversos sectores”, afirmó Campos en cuanto a las acciones que han llevado a cabo desde la agrupación.
Sobre el Gobierno, el edil de Talcahuano, hizo un llamado resaltando que si los alcaldes están tomando la decisión de generar acciones colaborativas con la comunidad. “Es porque aquí está fallando la acción gubernamental, está fallando la acción del Estado para combatir el delito. Invito al Ministerio del Interior, invito al Subsecretario del Interior a hacer la pega y poder garantizar no sólo la seguridad en la macrozona sur y en la frontera”, expuso.
El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, señaló que “no existe el “estado de emergencia” en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Como los alcaldes no podemos actuar al margen de la ley, eso es algo que no podemos hacer ni decretar. Sin duda los actos delictuales en el país son un tema que debemos abordar con seriedad, y en esa línea creemos que lo correcto es lo que está planteando el Gobierno en materia de seguridad”.
En el caso de Chiguayante, el alcalde destacó que cuentan con recursos permanentes para el resguardo de la ciudadanía, los que son utilizados por la Dirección de Seguridad Ciudadana.
“Las municipalidades no tenemos facultades de control, sanción, ni persecución penal, menos aún podemos hacer recaer esa responsabilidad a nuestros ciudadanos. Es el Estado quien tiene que proveer la seguridad de las personas”, declaró Rivas.
Chiguayante cuenta con patrullajes reforzados, según relevó el edil, con sistemas de televigilancia a través de cámaras, con alarmas comunitarias. “Con una ciudad organizada, lo cual para nosotros es una constante en la prevención de los delitos”, observó.
“Entendiendo que en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Estado de Emergencia no existe, esta “definición” pasa a ser un acto de redistribución de recursos con los que cuenta cada municipio, y con el que se busca poner en énfasis el problema de seguridad que enfrentan. En el caso de nuestra comuna, venimos utilizando hace mucho tiempo recursos para la prevención de la delincuencia sin denominarle “Estado de Emergencia”, trabajo que nos ha traído excelentes resultados en evitar los actos delictuales”, estableció Antonio Rivas.