Según el último catastro de Techo Chile son más de cuatro mil los que viven en asentamientos precarios en Biobío. Muchos de ellos, al no tener acceso a servicios básicos, incluso deben dormir en casa de familiares.
Entre diciembre y enero la Fundación Techo Chile lideró un catastro de personas viviendo en asentamientos precarios, es decir, en tomas y campamentos a lo largo de nuestro país, el cual dio a conocer que cerca de 60 mil niños, niñas y adolescentes habitan en estos sectores, de los cuales 4.123 viven en la Región del Biobío.
“Número que ha ido en aumento, porque a esa fecha no habían asentamientos que hoy ya son conocidos en la zona, por lo tanto, son números vivos que van al alza”, explicó la líder regional de Techo, Isidora Lazcano.
Lo anterior, debido al efecto que trajo consigo la pandemia, dado por el nivel de cesantía que aqueja a la población, concentrándose principalmente en la intercomuna de Concepción-Talcahuano, con más de 1.456 menores de 14 años viviendo en la precariedad.
Ambientes complejos, considerando lo detallado en el informe de Techo, el cual dio cuenta que un tercio de los niños tiene acceso a luz y un 83% de ellos no tiene acceso a agua potable directa en el Biobío.
Asimismo, las conclusiones del estudio plantean que a muchos de ellos, a raíz de las cuarentenas, les costó acceder a la educación telemática, desertando del sistema, y quienes pudieron lo hicieron de forma virtual, a través de los celulares de sus padres.
La realidad de Villa el Sol
En el campamento presente en la población Salinas de Talcahuano, denominado “Villa el Sol”, donde viven cerca de 100 personas, de los cuales cerca de 50 son menores de 14 años, actualmente están realizando sus clases agrupados en una sede precaria presente en el asentamiento, donde además reciben sus almuerzos, gracias a la olla común que hacen en el lugar.
“Por las noches, ahora que no tenemos nada tras el desalojo que sufrimos a fines de julio por instrucción del delegado presidencial, Patricio Kuhn, quien instruyó a la fuerza pública a desalojarnos del lugar, derivó en que los niños por las noches se deben ir a dormir a casa de familiares y redes de apoyo, donde los más pequeños lo hacen junto a sus mamás”, explicó la presidenta de la toma, Yoya García.
“Porque al habernos destruido nuestras viviendas y al ser muchos dentro de la sede, por los protocolos Covid, no podemos estar todos amontonados por las noches, porque sería vulnerarlos al no tener las condiciones. Igual las mamitas en el día están acá con sus coches y sus guaguas, situación que se resolverá pronto, porque el alcalde Henry Campos y su jefe de gabinete, Fernando González, nos autorizaron para hacer ranchas mientras firmamos el decreto en septiembre, para que nos den soluciones habitacionales”, detalló García.
En la misma línea, el abogado que representa a las familias, Patricio Fierro, precisó que “las familias habían mejorado sus construcciones para estar con sus hijos en el lugar, gracias al retiro de los 10%, además de lo que percibieron en el IFE, materiales que fueron destruidos en el desalojo y si bien las familias permanecen ahí, las condiciones no son las mejores para que los niños, como también adultos mayores estén en el lugar, sobre todo por el frío y la lluvia, para que no se enfermen”.
El abogado Fierro complementó que “en el recurso que pusimos en su minuto y que está con orden de no innovar, se vulneraron garantías constitucionales en la resolución del delegado Kuhn, que guardan relación con el derecho a la vida y salud en el contexto de pandemia, porque los niños si bien ya estaban en condiciones precarias, pero medianamente resguardados, con el desalojo perdieron completamente todo y es por ello que deben pasar las noches en casa de familiares”.
Por su parte, desde Fundación Infancia Chile, Nathalie Oyarce sostuvo “que es muy fuerte lo que pasa en dicha toma, porque si bien hay muchos niños y niñas viviendo en tomas y campamentos, es una realidad muy compleja y que se debe revertir, porque si ya desde antes de la pandemia había una deficiencia en la oferta que el Estado debe darles a las familias más vulnerables, esto se agudizó con el estallido social y la Covid-19, donde muchos junto a sus hijos, no les quedó más remedio que terminar en asentamientos precarios y como esto no tienen para cuando solucionarse, sólo vemos población de niños vulnerables en aumento, lo que es lamentable”.
Claudia Valdés de Guachacas Concepción agregó que “el número de niños en tomas y campamentos también ha ido al alza ante la llegada de familias venezolanas, quienes ingresaron al país, cruzando el desierto junto a sus hijos. Hemos atendido muchos casos y viviendo en condiciones deplorables, por lo que hemos desarrollado campañas de ayuda para ellos, ya que a diferencia de los chilenos, que están en la misma situación y a quienes igual les entregamos ayudas, los venezolanos no tienen redes de apoyo y tampoco se atreven a pedirla por su condición de indocumentados”.