Alcalde Álvaro Ortiz y gobernador Robert Contreras difirieron sobre las atribuciones que tendrán los funcionarios que recorrerán las calles de Concepción. En un principio serán seis las personas que se sumarán a los patrullajes.
Fueron anunciados el día lunes por el intendente Sergio Giacaman, como una medida necesaria para dar seguridad al centro de Concepción, pero con el correr de los días la medida ha ido mutando.
Finalmente, durante este jueves serán seis nuevos inspectores municipales los que entrarán en funcionamiento para reforzar a los actuales 14 funcionarios existentes en labores de fiscalización al comercio ambulante y otros requerimientos.
El alcalde Álvaro Ortiz comentó que “estos inspectores municipales reforzarán las labores preventivas, fiscalizadoras y de asistencia en el centro de nuestra comuna. Ustedes saben que por ley los encargados de la seguridad pública son nuestras policías y no los municipios. Lo que estamos haciendo es ver de qué forma colaboramos para que estos hechos delictuales no sigan ocurriendo en el centro de la ciudad, los que rechazamos tajantemente”.
Los rangos de actuación que tendrán estos funcionarios son parte de las dudas que persistían este miércoles. Desde el municipio penquista, adelantaron que no portarán armas y que existirá una coordinación con las policías dentro de lo que permite la legislación vigente.
“En Chile los municipios no tenemos policías municipales, por lo que la labor será dentro de la inspección municipal y queremos llegar a cerca de 50 funcionarios en la calle. Ellos no van a ocupar armas, no van a hacer detenciones. La ley es clara en eso”, dijo.
Por su parte, el gobernador de Concepción, Robert Contreras, aclaró que no tienen facultades para la labor de seguridad en el radio urbano de la comuna. “El informe no aclara las facultades que tendrían estos funcionarios, las que tienen ser definidas por el municipio, ellos hacen la contratación y Carabineros va a realizar el informe respectivo. Si son guardias de seguridad, deberán tener el curso OS10”, aseguró.
La semana pasada, los municipios de Concepción y de Coronel interpusieron un recurso de protección en contra del Ministerio del Interior por los hechos de violencia ocurridos en el centro.
Allí, la Corte de Apelaciones penquista ordenó adoptar las medidas de seguridad necesarias para el comercio.
La tarde del martes fue la prueba de fuego para estas medidas que no se vieron reflejadas en la calle, puesto que existieron saqueos y robos a locales comerciales.
El alcalde Ortiz aseguró que “será la Corte de Apelaciones la que tendrá que evaluar los antecedentes, yo no soy quién para comentar lo que todos pudimos ver, qué quiere que le diga, que no están haciendo su trabajo, todos estamos haciendo nuestra función, pero los hechos delictuales siguen ocurriendo”, señaló.
Por su parte, el gobernador Contreras comentó que se ha trabajado en el cumplimiento de la solicitud. “Se ha trabajado en lo que la Corte indicó, pero la gran cantidad de hechos y manifestantes son anormales”, sostuvo la autoridad provincial.