Salud, educación, pensiones dignas y una real participación de la ciudadanía en el proceso constituyente son parte de las exigencias. Aseguran que el Gobierno no ha escuchado a la gente.
Fueron miles de personas las que nuevamente salieron a la calle este martes, para exigir una serie de demandas que, a más de un mes del estallido social, aún no son escuchadas por el Gobierno.
Salud para todos, educación de calidad, mejora en los montos de pensiones y la eliminación del sistema de AFP son parte de las exigencias que se repitieron en las pancartas y gritos de los asistentes.
La cita fue a las 11.00 horas en la rotonda Paicaví, hasta el lugar llegaron en masa los portuarios, que lideraron la caminata que recorrió avenida Los Carrera, dobló por Prat y luego retornó por O’Higgins hasta la Plaza Independencia.
El odeón del lugar fue usado por los manifestantes para realizar discursos sobre las demandas sociales aún no cumplidas y donde dejaron en claro que las movilizaciones no se detendrán.
Tal fue el caso de Juan Quezada, vocero nacional y regional de la Unión Portuaria del Bío Bío, comunal Penco Lirquén, que a todo pulmón afirmó que si su gremio decide paralizar, todo el país lo hará, hasta que el Gobierno los escuche. “Nueva constitución, asamblea constituyente, que el pueblo elija a los colegiados para que puedan hacer una nueva carta magna y salud digna. Queremos mejores pensiones y el Gobierno no ha tocado las AFP, que son platas de los chilenos y que nos corresponden”.
Raphael Sierra P.
Paulina Benimelis, directora de Anef regional y participante de Unidad Social del Bío Bío, afirmó que hasta el momento queda claro, sobre todo por la alta participación en las calles que el Gobierno no ha escuchado las verdaderas demandas de la población.
“Se han dedicado a condenar actos por quemas y otras cosas, pero no ha condenado la violación a los derechos humanos y la acción represiva que se ha visto en particular en la Región (…) Como Unidad Social rechazamos este acuerdo (por la paz) entre gallos y medianoche, también la postura de aceptar cierta cantidad de partidos sin haber llamado a la ciudadanía”, dijo Benimellis y agregó que se mantendrán en las calles hasta ver cambios.
Pavel Guíñez, también perteneciente a la mesa de Unidad Social del Bío Bío, agregó que proponen una asamblea constitucional plurinacional y soberana.
Pero además, recalcó que el 29 de octubre entregaron un pliego de peticiones a nivel nacional de trabajadores que incluye un sueldo mínimo de $500.000 y una pensión mínima por el mismo monto.
El representante de la mesa de Unidad Social manifestó que además la ciudadanía requiere tener claridad sobre las violaciones a los derechos humanos que se han generado durante el proceso de movilización y, a su vez, que existan responsables de dichos hechos.
“Que el parlamento deje de aprobar cosas que no están relacionadas con las peticiones, porque ahora aprobó un per cápita en Salud de $300 y nosotros estamos pidiendo casi $5.000”.
Manifestó que, hasta el momento, no han visto gesto del Gobierno que pueda solucionar el conflicto, como es el caso de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que anunció el lunes una serie de medidas para evitar el adoctrinamiento de niños al interior de los colegios, al revelarse que en algunos establecimientos las docentes les han enseñado consignas políticas.
Lo anterior, según Guíñez, es calificada como una ley mordaza para los profesores, lo que, a su juicio, hace muy difícil poder evaluar en forma positiva el comportamiento del Gobierno.
Carolina Echagüe M.
Cerca de 35 trabajadores de Conaf Concepción participaron de la marcha. Ana María Torres afirmó que existe un proyecto de ley que busca modificar la institucionalidad de Conaf y crear una división de patrimonio silvestre, lo que mermará el trabajo del organismo.
“Los políticos nos quieren dividir, pero los trabajadores no queremos eso porque implicará entregar a terceros el patrimonio nacional”, dijo.
Juana Bustos, técnico en enfermería que trabajó durante años en el ámbito de la Salud Pública, aseguró que se debe hacer una modificación total al sistema, que incluya un real interés por el adulto mayor, con cumplimiento real del GES. “Llevo más de un año y medio esperando por una operación de cadera y nada, hay gente que se ha muerto esperando por una hora y ahora hay que tener claro que cada vez seremos más adultos mayores los que necesitarán atención de calidad y no las migajas que entrega el Estado”.
Así las cosas, según los asistentes, ni el calor ni el olor de las bombas lacrimógenas que aún se puede percibir en el casco urbano penquista impedirán que se sigan manifestando.
Raphael Sierra P.
Raphael Sierra P.