Manifestantes recordaron muerte de Manuel Rebolledo, joven porteño atropellado por camión militar durante el toque de queda.
Cientos de personas, que repletaron cuatro cuadras completas de avenida O’Higgins, marcharon por el centro penquista para expresar su malestar por la situación país, apoyando el segundo llamado a paro nacional.
Agrupaciones de Derechos Humanos, gremios de trabajadores como la Anef, Asistentes de la Educación, contratistas de Enap y la Mesa de Unidad Social, que convocó a la marcha “No a la Impunidad” a un mes de la muerte del joven porteño, Manuel Rebolledo, que fue atropellado por un camión militar durante el toque de queda.
De hecho, Luisa Navarrete, madre del joven, aseguró que no fue un accidente como se ha dicho y que esperan conseguir justicia por la muerte del joven de la población Libertad y, además, responsabilidad política.
La marcha recorrió la calles de Concepción, llegando hasta la Intendencia y retornando más tarde hasta la Plaza Independencia, donde realizaron una serie de discursos basados no sólo en las vulneraciones a los derechos humanos que han ocurrido desde el estallido social, sino también en las demandas que aún no se han cumplido.
Luis Rivas, vicepresidente del comunal de Profesores, afirmó que el pilar fundamental de sus demandas es fortalecer la educación pública y que sea gratuita para todos, en todos sus niveles, es decir, “recuperar la educación universitaria, sin fines de lucro”.
Agregó que está convencido de que marchando se puede lograr un cambio y demostrar “a los poderes establecidos y a la elite política que el pueblo despertó y no se va a cansar”.
Isidoro Valenzuela M.
Roberto Rojas, presidente regional de la Asociación de Funcionarios del SII, Afich, dijo que han estado presentes en todas las movilizaciones por la justicia social. En específico, su gremio reclama por “un acuerdo suscrito para continuar con la reforma tributaria, que limita las facultades fiscalizadora del SII”.
Claudia Garrido, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud de Hualpén, afirmó que el sector requiere un reajuste para funcionar, que implica un aumento en el per cápita, pues les entregan “$6.300 por cada inscrito en los Cesfam, lo que claramente es insuficiente, no alcanza a cubrir todas las necesidades de los usuarios. El Gobierno se comprometió a un ajuste de $7.040 que no es suficiente, nosotros estamos apuntando es a un per cápita de $10.000”.
Juan Arrau, que trabaja para Emce, una contratista de Enap, marchó junto a 200 de sus colegas por más de una hora y media para reclamar por las amplias diferencias que existen entre los trabajadores de Enap y quienes les prestan labores. “Se ve en los pagos y beneficios que hay trabajadores de primera y segunda clase en una empresa estatal”.
Además, según explicó su colega Rodrigo Kessy, existe una fuerte precarización del trabajo, pues se han desvinculado a muchos empleados, lo que implica realizar faenas que antes se hacían entre 10, ahora se realizan con sólo tres. “Todo por la misma plata (…). Ahora vienen nuevas licitaciones que serán aún más acotadas, dejando más gente sin trabajo. Incluso, nos van a bajar los sueldos, porque después de cada faena nos cortan y nos vuelven a contratar”.
Carola Besse, estudiante de música, afirmó que la única manera de generar cambios es participando de las manifestaciones. “He participado en casi todas porque quiero tener una vejez digna, tanto en salud como en pensiones, y claramente en mi área será aún más difícil sobrevivir”.
Asimismo, Andrea Manosalva, educadora, que se desempeña en el área de salud en estimulación temprana, aseguró que si bien la convocatoria no fue la que esperaba, no se puede dejar de marchar. “La gente tiene que estar en las calles hasta que logremos cambios necesarios, si nos quedamos en la casa no habrá cambios reales y sustanciales, por eso, es necesario marchar y que todos lo hagan”.
Raphael Sierra P.
Isidoro Valenzuela M.