Tribunal estimó que la actuación del efectivo se ajustó a los protocolos establecidos, por lo que se argumentó que no habrían existido vulneraciones.
Por la parte posterior exterior del Juzgado de Garantía de Concepción y sin enfrentar a la prensa, se retiró el sargento del Ejército Héctor Herrera Villa, tras ser formalizado por apremios ilegítimos en contra de una persona de 50 años.
Los hechos se remontan a la tarde del martes, cuando la patrulla que comandaba Herrera detectó a un grupo de personas que incumplía el toque de queda en el sector de la Remodelación Paicaví, entre quienes se encontraba Gastón Santibáñez Palomera, quien se trasladaba desde su trabajo a su hogar, cuando es fiscalizado por la patrulla y es ahí que recibe un disparo en su muslo. La víctima, según el relato de la Fiscalía no portaba armas ni otros elementos.
Además, en la audiencia se expuso que el efectivo presenta tres condenas previas por lesiones leves y cuasidelito de lesiones graves.
En tanto, la defensa durante la audiencia argumentó que no existieron antecedentes para fundamentar la existencia del delito y pidió no criminalizar a quienes deben hacer cumplir el ordenamiento jurídico.
Finalmente, el juez Carlos Aguayo estimó que Héctor Herrera se ajustó a los protocolos y que no puede estimarse que hubo un abuso de su posición, ni hubo abuso ni intención de lesionar, por lo que no se dan los presupuestos básicos para la existencia del delito.
“En los videos presentados como prueba se pudo observar de manera clara que la víctima desobedece las instrucciones y órdenes de funcionarios militares que controlaban el toque de queda, acercándose al militar formalizado, no deteniendo su marcha ni recostándose en el suelo como se le exigió y es, en esas circunstancias, que se produjo el disparo”, explicó el magistrado.
El fiscal de la causa, Jorge Lorca indicó que “no se pueden permitir actos en donde los agentes del Estado haga uso excesivo de la fuerza y nos asiste en que en un Estado de Derecho las Fuerzas Armadas no excedan sus atribuciones. No sé en qué momento un civil con una mochila puede atacar a un uniformado con una indumentaria especializada”, expresó.
El defensor, Juan Ignacio Lafontaine, aseguró que el militar siempre cumplió los protocolos. “El arma tenía balines y existe una normativa al interior del Ejército para estas situaciones que los obliga a utilizar armas no letales y la fuerza. No podemos criminalizar cuando un representante del Estado hace uso racional de un armamento, lo que diferencia al Estado de un club de fútbol es que tiene el monopolio de la fuerza”, explicó.
Raphael Sierra P.