Un 68,2% de los encuestados desconoce que en 2012 se aprobó una ley que tipifica penalmente la emisión fraudulenta. Permisos psiquiátricos lideran las emisiones.
Buscando dar a conocer la opinión que la población tiene con respecto al uso de licencias médicas injustificadas o falsas, la empresa Inmune elaboró una nueva versión de la Encuesta Nacional de Percepción de Licencias Médicas, que mediante el levantamiento de datos telefónicos reveló que el 71,6% de los penquistas considera que es frecuente o muy frecuente el uso fraudulento del documento.
La encuesta, que incluyó a 1.068 personas a nivel nacional, de los cuales, 151 pertenecen a la Región, reveló, además, que el 70,2% de los encuestados de Bío Bío considera que presentar licencias médicas irregulares es un delito grave.
Sin embargo, el 15,9% lo asume sólo como una falta e, incluso, el 4% cree que se trata de un acto legítimo.
También, a través del sondeo, se identificó que el 50% de los entrevistados tiene la percepción de que el uso de licencias médicas injustificadas ha aumentado en los últimos años y el 23% lo justifica, porque cree que el sistema de salud es injusto.
En cuanto a los responsables de emitir licencias fraudulentas, los resultados muestran que un 68,9% cree que, tanto médico como paciente son responsables del hecho, tal como lo estipula la Ley 20.585.
Lo que resulta preocupante en este punto es que el 68,2% desconoce que en 2012 se aprobó la normativa que tipifica penalmente como un delito su uso indebido y que la define como un instrumento para recuperar la salud y reincoporarse al trabajo.
Y si bien el 70% de los afiliados de Fonasa y el 81% de Isapres sentiría mucho remordimiento al presentar una licencia comprada o falsa, el 7,3% del total de los encuestados dijo que no sentiría ningún remordimiento, mientras que el 32,5% comentó que le molestaría dicho comportamiento de parte de un compañero de trabajo, pero que a pesar de ello no le diría nada.
Rodrigo Varela, gerente legal de la empresa Inmune, aseguró que “en comparación con la encuesta 2018, la percepción de fraude se mantiene y va en aumento, lo que es negativo, sobre todo, porque se justifica como un daño para el sistema de salud que es considerado injusto. Sin embargo, el financiamiento de las licencias médicas falsas se paga con parte del 7% de impuesto de todos los chilenos, por lo que nos daña a todos, no sólo al sistema”.
Al ser consultado sobre si se requiere un cambio en la ley para detener el avance de las licencias fraudulentas comentó que más allá de ello, lo que se requiere es instar a un cambio cultural en la sociedad. “El que se debe lograr a través de políticas públicas y campañas educativas de todos los sectores, buscando que permitan informar a todas las personas de las consecuencias negativas que implica en todos los ámbitos, la mala utilización de licencias médicas”.
Puntualizó además que se deben hacer mejoras en la fiscalización de los documentos emitidos y más en este tipo de fraude que tanto daño le hace al sistema, y comentó que el potenciar licencias médicas electrónicas podría disminuir en cierto grado la facilidad de mal utilizar el instrumento.
Según el último informe nacional de licencias médicas, el número de licencias a nivel país alcanzó la cifra de 5.692.855, las que corresponden en un 26% a Isapres y 74% a Fonasa, mostrando un aumento de 7,5% respecto al año anterior.
“En términos generales, se estima que el 30% de las licencias médicas sería, al menos, irregular o no corresponden a una verdadera enfermedad. Cifra que llevada al gasto, equivale más o menos a unos US$ 450 millones de dólares anuales que se pierden y que se dejan de utilizar en mejoras al sistema”, sentenció Varela.
El gerente de Inmune -organización que nació en 2009 con el fin de gestionar el impacto de licencia médica al interior de las empresas- afirmó que si bien no es posible desconocer que existe una aumento de enfermedades psiquiátricas en la población, a través del tiempo, han logrado observar que en dicho ámbito se encuentran la mayor cantidad de documentos mal utilizados.
“Son licencias de difícil fiscalización y en las que muchas veces los médicos se ven obligados a otorgarlos ante lo señalado por el paciente. Es urgente la creación de una ley de especialidades médicas que permita que sean sólo especialistas quienes vean esta patología para así poder rehabilitar de verdad a quienes realmente la necesitan”.
En cuanto a las licencias médicas reales que son rechazadas por los administradores de salud, afirmó que lamentablemente el mal uso provoca que se genere una entendible desconfianza de las contralorías de salud, lo que a su juicio provoca un círculo vicioso en que la gente honesta y realmente enferma se ve afectada y muchas veces ve demorado el pago de los días de reposo.
“Hoy se está trabajando en modernizar las instituciones encargadas de la visación de licencias con el fin, por una parte, de mejorar la revisión de estas y, asimismo, de acelerar su pago, protegiéndose de esta forma a los enfermos reales”.
Entre las licencias reales más rechazadas, según precisó Varela, se encuentran las psiquiátricas, seguidas de las traumatológicas y osteomusculares y, en menor medida, las respiratorias, que coinciden entre las tres patologías por las que más licencias se emiten cada año.
Alrededor de 300 médicos han sido sancionados por la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social a lo largo del país, por incumplir con la normativa vigente.
Asimismo, desde Inmune, en representación de instituciones de salud privada, “hemos condenado a más de 24 médicos, 108 afiliados y 20 administrativos por mal uso de licencias médicas. Al día de hoy, existen más de 40 querellas presentadas y en tramitación contra los mayores emisores de licencias en Chile, y se están analizando varias otras acciones legales más, tanto en la Región del Bío Bío como en otras regiones”, complementó Varela.