El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción salió a reconocer el error administrativo en el documento que confirmó, en un principio, la Orden de No Innovar (ONI) en el proyecto Ciudad del Parque. Apoderados del Charles de Gaulle adelantaron acciones judiciales.
Dos días han pasado desde que se conoció el dictamen judicial que acogió el recurso de protección presentado por los apoderados del Liceo Charles de Gaulle en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental que aceptó la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto Ciudad del Parque.
Pero un error administrativo, y así lo reconocen al interior del Poder Judicial, hizo que la primera resolución que acogió la Orden de No Innovar (ONI) quedase nula y se dictara otro informe en su reemplazo con un fin totalmente distinto.
Ayer, el presidente de la corte penquista, Rodrigo Cerda, debió salir a dar explicaciones. En la oportunidad, comentó a la prensa que indagan un error administrativo, puesto que la ministra Matilde Esquerré, quien se había inhabilitado, no se encontraba presente en la sala, pero sí lo estaba la magistrada Yolanda Méndez, tal como consta en el documento al que tuvo acceso Diario Concepción, pero que por algún motivo, el dispositivo de firma digital de la ministra Esquerré se quedó encendido durante el análisis de la causa.
“Se pidió un informe de lo ocurrido a todo los presentes. Lo concreto es que la ministra Méndez participó y ella no aparece firmando y la ministra Esquerré que no participó, ya que se inhabilitó, sí lo hace. Puede que la digitadora no haya hecho el cambio de firma, existen varias situaciones que indagar para determinar el origen de este error”, aseguró.
Cerda recalcó que ninguno de los ministros que revisó alguno de los libelos se encuentran inhabilitados para revisar los recursos de reposición que puedan ser ingresados por las defensas.
El titular reconoció que fue recién el día miércoles cuando se percataron del error en el documento emitido el lunes, después que el relator diera aviso a sus superiores. “A mi se me informa el día miércoles, cuando se da cuenta de la invalidación de la resolución. Hasta el miércoles, nadie se había dado cuenta y es ese día que se da aviso a la sala”.
Con respecto a la sensación de los apoderados del Liceo Charles de Gaulle, dijo comprender la molestia y la comparó con el VAR. “Es como lo que se sucede con el VAR, es gol, todos lo celebramos, pero se revisa y no lo es. Ahora, si se equivocan o no los del VAR eso está por verse”, aseveró.
Más temprano llegó hasta la Corte de Apelaciones penquista el abogado Mario Sandaña, integrante de la directiva del centro de padres del colegio Charles de Gaulle, quien aseveró que recién ayer fueron notificados y que existe un error, pero que no era necesaria la modificación de la ONI.
“Nosotros discrepamos en que exista un vicio de nulidad, en el primer fallo participaron tres ministros no inhabilitados y nosotros estamos ciertos en que la señora Esquerré no tomó la decisión y no participó en ella, por lo que no se requería su anulación”.
Durante el día de ayer iban a definir los pasos a seguir en las acciones pertinentes, entre las que existen recursos administrativos o una reposición, la que podría ser ingresada a más tardar hoy.
“Acá hay un error que se puede solucionar, pero en la comunidad hay molestia evidente, ya que entendían que era una resolución bastante justa”, aseguró Sandaña.
Joaquín Varas, presidente del Centro de Apoderados del Lycée Charles de Gaulle, expresó que creen que hubo desprolijidad de parte de la Corte de Apelaciones.
“Todo sistema tiene errores y creemos que es importante rectificarlos. Pensamos que debemos presentar una solicitud de reposición ante esto, haciendo ver toda esta seguidilla de errores que nos perjudica al dejar sin efecto una Orden de No Innovar ya dictada válidamente”, recalcó Varas.
Katherine García, presidenta del Centro de Padres del Instituto de Humanidades, afirmó que el impasse judicial en el recurso interpuesto por la Alianza Francesa le pareció insólito y que esperan una pronta solución.
En cuanto a la acción judicial que interpuso el Instituto de Humanidades a mediados de septiembre por la participación ciudadana que no les fue otorgada, precisó: “Estamos a la espera que el SEA evacue un informe, que pueda ser visto en tabla aproximadamente en un mes y que tenga un fallo favorable”.
García, quien también es abogada, no descartó en caso de no recibir una respuesta favorable presentar el caso en la Corte Suprema, donde ya hay jurisprudencia de haber otorgado participación ciudadana, por ejemplo, en el caso Terrazas de Puerto Montt, que tenía un proyecto minero y en el que dieron participación ciudadana a una comunidad ubicada a 80 kilómetros del lugar. “Nosotros estamos al lado, deberíamos tenerla”, manifestó.
En tanto, la empresa Aitué, dueña del proyecto inmobiliario en cuestión, decidió no entregar declaraciones respecto del error judicial.