Ciudad

Proponen nuevo estándar para la construcción de viviendas sociales

Expertos aseguran que se debe imprimir más recursos y así, generar un aporte urbanístico a las ciudades. Pero reconocen avances en los últimos 20 años.

Por: Ximena Valenzuela | 23 de Junio 2019
Fotografía: Raphael Sierra P.

Las primeras viviendas sociales que se levantaron en el país en la década de los 60’ dejaban mucho que desear. Tenían estándares mínimos de habitabilidad, superficie reducida, baja calidad constructiva y localización en la periferia que propiciaba la desconexión con zonas de servicio y de equipamiento.

Ahora, la situación, según Juan Pablo González, director regional del Serviu, es distinta, pues no sólo han avanzado en el metraje de las viviendas, sino que en una materialidad pertinente a las condiciones climáticas, y que se está impulsando la el acondicionamiento acústico y térmico para mejorar la calidad de vida de quienes las habitarán.

Afirmó que el cambio que realizó el Serviu en la política de construcción busca mejorar el bienestar de las familias, poniendo énfasis en la buena ubicación de las viviendas, calidad de los materiales y densificando en zonas ya consolidadas, para satisfacer las necesidades de los territorios.

Según dijo también han mejorado los procesos de fiscalización de calidad de viviendas y su diseño para evitar al máximo las fallas de construcción y recalcó que en el último tiempo han mejorado significativamente el estándar constructivo, pues definieron criterios estrictos en superficie, calidad de procesos y definición de materiales para el acondicionamiento acústico, térmico y contra el fuego. “Contamos con mejores viviendas que hace 20 años”.

Uno de los puntos que más refleja la evolución de las viviendas es la superficie, pues entre 1982 y 1983 eran de 25 a 36 metros cuadrados y ahora van de 47 a 55 metros cuadrados. Consideran soluciones con dormitorio adicional para familias de cuatro o más integrantes y, garantizan la accesibilidad universal.

González indicó que la meta, de aquí al término del Gobierno, es recuperar la ciudad con integración social, calidad de vida urbana y habitacional que responda a las necesidades de la gente. “Con foco en la calidad de vida de los sectores más postergados y medios”.

Aporte urbanístico

El presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl, manifestó que hay avances, sobre todo, al comparar las viviendas que se construían hace 20 años, por ejemplo, cuando se levantaron los edificios de lata de San Pedro de la Paz, que fueron desarmados.

Pero destacó el trabajo realizado en Ribera Norte que fue distinto y lo catalogó de excepcional, pues sus viviendas fueron urbanísticamente bien pensadas con fachadas hacia la costanera con una estructura especial, con dinteles superiores, y que mantienen su dignidad hasta hoy.

“Entonces en términos globales ha habido un mejoramiento en superficie, hoy los departamentos y casas, en general, son de 56 metros cuadrados, antes eran de 40 y 45. También ha mejorado un poco el estándar de calidad de la vivienda”.

Eso sí, recalcó que la gran deuda en viviendas sociales está en su aporte urbanístico y su calidad del punto de vista arquitectónico. “Cuando uno compara los conjuntos habitacionales que se hacían en la década del 60’ como la Remodelación Paicaví, hasta hoy son edificios emblemáticos de alta calidad, pero después vino una curva hacia abajo que priorizó más la cantidad que la calidad”.

Por eso, según dijo, el gran desafío de la vivienda social es mejorar cualitativamente, darle más dignidad arquitectónica y mejorar su entorno. “Hay mucha preocupación de eso, incluso, el ministerio quiere modificar su nombre a Ministerio de la Ciudad y Vivienda porque sabe que no puede seguir construyéndolas como lo hacía hace 20 años. Ahora hay que levantar conjuntos habitacionales y comunidades con una calidad de la arquitectura que permita dar dignidad superior a la vivienda social”.

Acotó que los edificios deben tener una arquitectura más cuidada, para que al insertarse en un lugar sean un aporte y no generen críticas, como sucedió con el conjunto de Aurora de Chile.

“Deben tener una fachada y un aporte importante de parques como tienen los de Ribera Norte, que todos tienen plazas interiores. Faltan recursos, pero también un poco más de compromiso del Ministerio de Vivienda en que cada proyecto sea un aporte urbanístico (…) cómo se muestra el edificio hacia el espacio público, a través de un parque, grandes ante jardines o fachadas muy estudiadas que muestren y perfilen mejor la imagen de la ciudad”.

Reconoció que el ministerio se ha centrado más en aumentar la superficie y en el interior de las viviendas como el mejoramiento de baños, aislación térmica, terminaciones, “pero queda todavía el mejorar la imagen urbana como objetivo”, agregó.

Lo que falta

El presidente regional del Colegio de Arquitectos, Claudio Arce, afirmó que debido a que la forma de vida en Chile ha cambiado, pues hay personas que viven solas, en parejas o con un máximo de tres hijos, la conceptualización las soluciones habitacionales debe ser ajustada a esta nueva realidad.

Además, recalcó que se debe evitar al máximo la segregación espacial y mejorar la calidad de vida de estas familias, acercándolas a los centros urbanos, que puedan aprovechar los espacios públicos como parques, plazas y otros. Lo que además, a su juicio, sería bueno para recuperar los centros urbanos.

“Así el Estado podría destinar más recursos a mejorar los espacios públicos, en vez de generar nuevos barrios segregados. Esto mejoraría sustancialmente la calidad de vida de estas familias, pues no perderían tiempo en desplazamientos, se daría mayor y mejor integración social, además de la recuperación de áreas urbanas con un uso más intensivo de ellas. Actualmente, después de cierta hora nuestros centros urbanos quedan despoblados e inseguros. Con la integración de viviendas la ciudad tendía un uso más permanente y seguro”.

Explicó que la construcción de viviendas debe implicar un valor agregado para la ciudad, recuperando y construyendo espacios públicos de mejor calidad. “Así se optimizan los recursos en dos áreas, primero en dar solución, pero de forma más integral dando calidad de vida a quienes van a vivir en ellas, y, segundo mejorando espacios urbanos para la ciudad”.

Por último, estos proyectos, según Arce, deberían ser todos ejecutados en base a concursos de arquitectura, tal como se realiza en países a los que vemos como modelos de integración social.

Con el cumplimiento de esos puntos, según el arquitecto, se podría llegar a un mejor estándar para las familias chilenas.

Subsidios

Según el Censo 2017 existe un déficit habitacional de 393.613 viviendas, mientras que el déficit cualitativo, que es calculado a partir de la encuesta Casen 2017, sobrepasa el millón 303 viviendas que requieren mejoramiento.

Esta realidad, según González, tiene como desafío priorizar acciones para aumentar la cobertura y calidad de los programas habitaciones para que respondan a las exigencias que imponen fenómenos como el aumento de precio de viviendas, escasez de suelo y aumento de migración, entre otros.

“Hemos promovido la actualización de la política habitacional, adaptando las diferentes soluciones habitacionales para hacer más eficiente la adjudicación de subsidios y su aplicación real”, dijo.

Destacó que entre 2011 y 2018 han entregado 250.637 subsidios a sectores medios, pero que un 30% no se pudo utilizar por falta de recursos de las familias para el pie exigido por la banca para optar a un crédito hipotecario.

Por ello, buscando que las familias aumenten sus posibilidades se aumentó los montos de subsidios de 20% a 100% dependiendo del valor de la vivienda. El mayor ahorro también será reconocido y se asignará un mayor puntaje por ello. “Con ambos cambios, subsidio y ahorro, se espera cubrir al menos el 20% del pie inicial”.

Además, se continuará trabajando en integración social que para este año considera 25 mil subsidios por un total de $11.650 millones.

Eficiencia energética

Ahora bien, para mejorar el parque habitacional ya construido, existe el programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios, que busca potenciar el entorno de las viviendas, habitabilidad de casas y departamentos, mejorar bienes comunes y entregar eficiencia energética.

González explicó que a través de la reglamentación térmica buscan tener un estándar de confort habitacional mínimo para mejorar la calidad de vida al interior de las casas.

Para ello, se está realizando una calificación energética de las viviendas, proceso que actualmente es voluntario, pero que se espera que en los próximos años sea obligatorio, para que los atributos de eficiencia energética sean claramente identificables por los usuarios de las viviendas, lo que les permitirá comparar distintas ofertas y tomar una decisión más informada al comprar.

Todo lo anterior, tiene directa relación con los compromisos internacionales adquiridos por el país, que busca que de aquí a 2035, al menos el 35% de la energía eléctrica provenga de fuentes no renovables y que el requerimiento de energía para edificación se reduzca en 20% al 2025.

Mejorar política pública

Para el diputado RN, Cristóbal Urruticoechea, es indudable que con el correr de los años la construcción de viviendas sociales en el país ha mejorado, pues existen estándares más exigentes de planificación y construcción de obras.

Sin embargo, reconoció que hay mucho por hacer, partiendo por incrementar los recursos disponibles, buscar mejores ideas y contar con ayuda de técnicos y profesionales, con vocación de servicio público, para colaborar con el Gobierno en entregar viviendas dignas y calidad.

De hecho, el diputado relevó el trabajo que ha realizado el arquitecto Alejandro Aravena, que ha desarrollado proyectos sociales, tanto en Chile como en el extranjero, y que ha recibido premios por su trayectoria.

Y es que Alejandro Aravena ha realizado proyectos novedosos, por ejemplo, Villa Verde y Quinta Monroy en Santiago, que han cambiado los cánones tradicionales, y que contemplan la ampliación de las viviendas a medida que aumentan los integrantes de las familias.

Agregó que se deben destinar más recursos para construir viviendas sociales, mayor fiscalización para que se cumpla con los plazos y que no existan problemas posteriores en las obras.

Urriticoechea aseguró que el Minvu debe impulsar una política pública de largo plazo, que trascienda a los diferentes gobiernos de turno, y que tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de los chilenos, especialmente, los más necesitados, liderando una transformación en materia de viviendas, barrios y ciudades.

Asimismo, Felipe Ulloa, geógrafo de la Universidad de Chile y consultor con más de 10 años de experiencia en infraestructura, transporte y desarrollo, reconoció la evolución, tanto en dimensión como en terminaciones y equipamiento de los conjuntos sociales a partir de la década de los 90’.

Destacó la política de integración social y el trabajo que realizó en 2014 Michelle Bachelet al crear el plan de reactivación económica que impactó favorablemente en el crecimiento económico y en la población más vulnerable que pudo contar con viviendas en barrios inclusivos con accesos a servicios.

En el Ministerio de Hacienda, recordó Ulloa, lo anterior se tradujo en proyectos con integración social. En 18 meses se levantaron y desarrollaron proyectos en 14 regiones, entregando casi 45 mil viviendas. Dado el éxito de la integración ese programa extraordinario pasó a ser un programa permanente como política de Estado.

A pesar de los avances, para Ulloa aún persisten falencias relacionadas con que no se ha disminuido la brecha del déficit habitacional y el gobierno actual, a su juicio, no ha sido capaz de reconocer la importancia del quehacer de la Cámara Chilena de La Construcción en esta materia, con los estudios que ellos mismo han desarrollado informando de las brechas existentes.

A esto se debe sumar que es necesario que ciertas políticas habitacionales y de desarrollo de infraestructura se entiendan como políticas de largo plazo o Políticas de Estado que no pueden verse mermadas después de un Gobierno de tan sólo cuatro años.

“Chile debería conformar asociaciones publico privadas para mantener políticas de Estado en tanto el desarrollo de infraestructura y el desarrollo de viviendas sociales y para sectores medios. En necesario que los privados y agencias privadas elaboren y direcciones el quehacer de la infraestructura y la producción de viviendas”, comentó Ulloa.

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