Los principales damnificados bajo la presente legislación son, sin duda, los campesinos y pequeños agricultores, quienes en el campo no cuentan con servicios de la red de agua potable, y literalmente no tienen qué beber.
En el marco de la sequía que sufre la provincia de Petorca, provocada por los efectos del cambio climático y la actividad de las grandes compañías agrícolas, el medio El País acusó la nula regulación del mercado del agua.
De acuerdo a la publicación, Chile es el país con el mercado del agua menos regulado del planeta,. El profesor de la Universidad de Arizona, Carl Bauer, describió la situación de Chile como un “ejemplo paradigmático” de reforma del libre mercado, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte del mundo, sin ninguna interferencia de mecanismos regulatorios del gobierno.
“El modelo chileno de aguas (…) excluyó la función esencial de la Administración de intervenir efectivamente en el mercado, en virtud de su rol tutelar de un bien público y además, vital y escaso”, comentó el especialista.
En Chile, la Dirección General de Aguas (DGA) entrega de forma gratuita derechos de uso de agua (establecidos en litros/segundo) a las personas que lo solicitan de forma perpetua. De esta forma, los derechos certifican que un individuo es propietario del agua (superficial o subterránea) de una parte concretar de un río. Este queda archivado en un catastro y en el registro de la propiedad, detalla El País.
En el caso que la DGA deniegue alguna solicitud, el interesado puede adquirir los derechos a través del mercado privado del agua, donde un litro por segundo tiene un precio que varía entre los $10 millones y los $15 millones aproximadamente.
A pesar que la legislación local limita la entrega de derechos de agua ante situaciones de restricción o escasez, la DGA no la cesado su entrega. Esto quedó demostrado a través de las propias cifras del organismo, la que en los últimos cuatro años otorgó 54 nuevos derechos, 49 de ellos en 2015. No obstante, el mayor número de permisos otorgados por la institución estatal corresponden a cambios de puntos de captación de agua de derechos previamente concedidos, situación cuestionada por los campesinos.
Si bien tras la dictadura de Augusto Pinochet, posteriores gobiernos han intentado reformar el Código de Aguas en al menos ocho ocasiones – la última vez en 2011 – está lejos de tramitarse. La iniciativa tiene entre sus principales opositores a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que agrupa a las empresas del sector agrícola del país.
Bajo el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), la reforma recibió un pequeño impulso, logrando superar el primer trámite legislativo. Sin embargo, se encuentra bloqueado en el Senado.
Entre las modificaciones, la propuesta fija el agua como bien público y derecho humano que debe ser garantizado por el Estado; establece usos prioritarios; y acaba con las concesiones “a perpetuidad” de derechos. Esto último no aplica de forma retroactiva.
La administración de Sebastián Piñera quiere cambiar el último punto y mantener la entrega de derechos de agua permanentes a los privados.
La investigadora Paola Bolados escribió para Ciper Chile sobre el sobreotorgamiento de derechos de los ríos Petorca y La Ligua, diligencias que agotaron sus aguas superficiales. Fue a partir de los 2000 que las compañías agroexportadoras comenzaron la “guerra por las fuentes subterráneas”, siendo éstas sobreexplotadas y acaparadas por este grupo.
A su vez, es importante señalar que cada kilo de producto cultivado en la provincia de Petorca necesita unos 2.000 litros de agua, según The Water Footprint Network. Los ríos antes mencionados se han convertido en un lecho de piedras, hierbas y animales vagabundos, luego que los empresarios eliminaran el bosque nativo para instalar sus plantaciones regadas con agua subterránea. El Petorca se declaró agotado en 1997 y en 2004 sus aguas fueron restringidas para la explotación, mismo año en el cual se agotó La Ligua. La cuenca está decretada como “zona de escasez hídrica”.
Los principales damnificados bajo la presente legislación son, sin duda, los campesinos y pequeños agricultores, quienes en el campo no cuentan con servicios de la red de agua potable, y literalmente no tienen qué beber.