La Corte Suprema ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción contra el Estado por falta de servicio en la muerte de tres personas la noche del 27 de febrero de 2010, a consecuencia del tsunami en la comuna de Talcahuano, y ordenó el pago de una indemnización de 540 millones de pesos a sus familiares.

La demanda es por los casos de María Hidalgo y Rosa Azócar, consuegras, y Arturo Arancibia (3), nieto de una de ellas, quienes estaban en un hogar de la población Santa Clara cuando escucharon al intendente de la época, Jaime Tohá, bajar la alerta de maremoto.

En total fueron 18 los demandantes, todos familiares directos de las víctimas y que esa madrugada sobrevivieron al tsunami.

“Ellos ven el cierre de un ciclo con esto, porque no hay que olvidar que la Fiscalía, contra la voluntad de las víctimas, llegó a un acuerdo con los imputados, al que nosotros nos opusimos, el que fue irrisorio si se considera el desgaste que hizo la Fiscalía, de un millón de dólares para eso. Fue un despilfarro de recursos que podrían haberse utilizado en la reparación psicológica para las víctimas y esperamos que con estos recursos, la tengan”, dijo el abogado de las familias, Leonardo Mello.