Inmune, que representa a Banmédica en la acción judicial, reveló que en encuesta el 65% de los penquistas cree que el uso de permisos de salud injustificados es muy frecuente.
Una demanda civil en contra de la médico penquista Sandra Cuevas interpuso la empresa Inmune, en representación de Isapre Banmédica, por emitir licencias sin fundamento médico entre el 11 de marzo y el 8 de junio de 2016, período en que regía la prohibición de la Superintendencia de Seguridad Social, Suseso, para que las emitiera.
“La demanda civil interpuesta vía web, que mañana (hoy) será ratificada en Concepción, busca que la doctora pague a las aseguradoras el monto defraudado por las 57 licencias, que supera los $30 millones. A mi representada (Banmédica) la perjudicó con más de un millón, pero más allá del monto, lo preocupante es que Cuevas una vez más incumple la norma de salud, lo que genera desvío de recursos, congestiona el sistema y perjudica a quienes realmente necesitan el subsidio de salud”, dijo Rodrigo Varela, gerente legal de Inmune.
La profesional, que ha recibido tres sanciones de la Suseso que le prohíben emitir licencias, todas con 30 UTM de multa, según datos de la querella de Suseso, entre 2010 y 2015 emitió 31.597 licencias, lo que supera en 43,9% a sus pares que entregan 720 al año. “Tiene el tercer lugar a nivel país , el primer puesto suma 37.000 y el segundo 34.000”, dijo Varela y agregó que están estudiando a otros 10 médicos penquistas por el alto número de permisos que entregan.
La acción legal, que será adjuntada a la querella que en 2016 presentó la Suseso contra Cuevas por emitir licencias sin fundamentos, busca que ante la reincidencia “sea nuevamente multada y suspendida con un año de prohibición de emisión de licencias”, dijo y agregó que ello debería ser fiscalizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin, que entrega los talonarios de licencias.
David Alfonzo, presidente de la Compin, explicó que la compra de talonarios de licencias, regulado por la circular número 46 de la Suceso, no tiene un límite normado, por lo que la Compin sólo tiene la facultad legal de venta y distribución de dichos talonarios a instituciones públicas y privadas.
Andrés Oreña P.
Eso sí, Compin cuenta con una herramienta de control estadístico de los médicos del sector privado que compran más talonarios que, en caso de sobrepasar el promedio, son citados para evaluar las razones de su adquisición.
Respecto al caso de Cuevas, Compin confirmó que detectó que la profesional sobrepasó en varias ocasiones el promedio de compra de talonarios, así como la falta de fundamento médico e informes que respaldaran ciertas patologías indicadas en licencias, lo que conllevó a que la institución, mediante la Ley 20.585, la sancionara, hecho ratificado por la Suseso.
En cuanto a las licencias electrónicas, según Alfonzo, no están sujetos a control de Compin.
Varela agregó que lo importante es que doctores como Cuevas sepan que no pueden estar por sobre la Ley y que existen instituciones que van a perseguir sus malas prácticas. “Hemos interpuesto 17 demandas, tenemos cinco ganadas y siete más que están en proceso de embargo de bienes, y otras que han estado más lentas, que esperamos lleguen a puerto lo antes posible”.
La pena por mal uso de licencias médicas que va de 61 días a tres años de cárcel es positiva, pero según Varela el sistema es muy lento para llegar a una eventual condena en casos de cerca de 400 médicos, equivalentes al 1% de los profesionales del país, que emiten el 20% de los permisos de salud.
Ruth Vásquez, secretaria de la doctora Cuevas en el Centro Medisan, aseguró que Cuevas tiene una gran cantidad de pacientes al día no sólo en Medisan, sino también en Huachipato. “Ayer tuvimos 50 pacientes. No logran entender que la cantidad de pacientes está relacionada con la cantidad de licencias que puede emitir. Porque un paciente que viene acá se siente mal y está realmente enfermo”.
La asistente de la profesional agregó que el flujo de pacientes es alto, “la doctora llega acá a las 10 de la mañana y se va a las 10 de la noche, tenemos dos turnos de secretarias, y ella no se toma más de cinco minutos para almorzar, lo hace acá mismo en el centro médico”.
En tanto, el presidente regional del Colegio Médico, Germán Acuña, afirmó que la situación de Sandra Cuevas sigue a nivel de tribunales hasta que ella solicite respaldo del gremio y que, por el momento, se reserva opinión.
Sin embargo, dijo que la licencia médica es una indicación de reposo para la recuperación del paciente, que no se pueden cuestionar sólo revisando protocolos, pues sería lo mismo que recortar el uso de antibióticos o analgesia.
Agregó que el hecho de que un grupo menor de facultativos haga mal las cosas no significa que sea una práctica de todos. “Si alguien lo hace mal que lo persigan, lo demanden y lo enjuicien, pero sólo a él”, dijo y expresó que en caso que se comprueben procesos fraudulentos de uno de sus pares podrían hacerse parte en las causas, de ser necesario.
El sondeo de percepción de licencias médicas, que se realiza por quinto año consecutivo Inmune, mostró que un 72% de los 151 penquistas encuestados este año, a diferencia del 64% de 2017, clasifica el uso de la licencia injustificada como un delito grave.
“También es positivo que el 69% afirme que tanto el doctor como el paciente son igual de responsables ante la ley penal. Lo negativo es que el 65%, 2% más que el año pasado, considera que el uso de licencias fraudulentas es muy frecuente”, dijo Varela y agregó que es algo grave porque 30% del gasto de licencias médicas no tiene justificación.
El 83% de los encuestados cree que por culpa de quienes presentan licencias injustificadas el sistema es más estricto con quienes sí necesitan el subsidio de salud. Por ello, el 70% está de acuerdo o muy de acuerdo en que existan duras penas contra facultativos y un 68% en que se extiendan a los pacientes.
El 85% cree que el más perjudicado por el delito es Fonasa y el 81% considera a los trabajadores. En tanto, 75% piensa que los afectados son las Isapres y 72% el empleador.
Además, reveló que es preocupante que el 75% manifieste que la persona que usa una permiso injustificado no siente remordimiento, aunque el 76% afirma que se sentiría afectado si lo hiciera.
En relación a la existencia desde 2012 de la Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencia médica, que tipifica penalmente como un delito el uso indebido de estos subsidios, sólo el 27% tiene conocimiento de ello.