Los ex efectivos llevaban a cabo los ilícitos con ayuda de dos civiles. La investigación, desarrollada por la PDI del puerto y la Fiscalía local, logró la detención de los funcionarios que actuaban a espaldas de la institución.
Los ex efectivos llevaban a cabo los ilícitos con ayuda de dos civiles. La investigación, desarrollada por la PDI del puerto y la Fiscalía local, logró la detención de los funcionarios que actuaban a espaldas de la institución.
Mauro Álvarez Salazar
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
Una nueva situación enloda el trabajo que realiza la Policía de Investigaciones de Talcahuano, en la lucha contra el narcotráfico, después de que la propia institución descubriera a tres efectivos que ayer fueron formalizados junto a dos civiles, por asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, robo, violación de secreto y denuncia calumniosa.
La tarde del martes fueron detenidos los involucrados, en una investigación que venía en curso desde el mes de junio.
La pesquisa estuvo a cargo del Departamento Quinto de la PDI, de Asuntos Internos liderada por el fiscal jefe del Puerto, Álvaro Hermosilla en conjunto con la Fiscalía Local de Talcahuano.
Formalizaciones
Los policías Fabián Estrada Estrada y Edward Melo Fuentes más las jóvenes Mirta Fuentealba Soto y Carla Tapia Arriagada fueron formalizados por asociación ilícita, para la comisión de robos.
El tercer detective involucrado, Javier Rauch, fue formalizado por tráfico de drogas, mientras que Melo y las dos mujeres, por robo con intimidación.
Por revelación de secreto y denuncia calumniosa, se levantaron los cargos en contra de Estrada. Este último no quedó en prisión preventiva, sino con la medida cautelar de arresto domiciliario total, por decreto del Juzgado de Garantía de la comuna.
Los otros dos policías deberán cumplir reclusión en el cuartel de la PDI, mientras que las mujeres fueron enviadas a la cárcel de Chillán. Esto último, a petición de su abogada defensora, quien argumentó que si eran remitidas a la sección femenina del penal El Manzano sus vidas corrían peligro.
En la audiencia, la defensa de los inculpados declaró que la detención se realizó de manera ilegal, tesis que fue rechazada por el magistrado Raúl Martínez en la formalización de cargos.
Según reveló el fiscal Álvaro Hermosilla, la diligencia comenzó cuando una de las mujeres arrestadas fue detenida por un robo con violencia en junio pasado y en ese marco le entregó sus pertenencias a su pareja, entre ellas su teléfono celular.
El hombre revisó el aparato y descubrió en los mensajes de Whatsapp que la mujer le era infiel y que tenía una relación con un detective. Y no sólo eso, sino que con ese detective y los otros involucrados, se concertaba para cometer ilícitos, precisamente coordinándose por esa red social.
Previa orden judicial, el celular fue sometido a peritajes, lográndose determinar que se ponían de acuerdo para cometer delitos a través de esa aplicación e, incluso, tenían un grupo –en el que participaba la mayoría– llamado “Criaturas del Señor”.
Acotó que en el tema del tráfico de estupefacientes, Rauch le entregó la droga a Carla Tapia, con la que tenía una relación sentimental, “en atención a las redes que ella tenía y posteriormente comenzó a apremiarla para que hiciera la plata rápido, porque, a su vez, él tenía que rendir cuentas a su proveedor”.
Dados de baja
La institución, una vez recopilada toda la evidencia, desvinculó de inmediato a los funcionarios, con el fin de mantener la confianza hacía la Policía de Investigaciones, por parte de la ciudadanía.
Así lo expresaron a través de un escueto comunicado la tarde del martes.
“En virtud a los antecedentes que obran en la investigación, previa constatación y confirmación del accionar doloso desapartado de la doctrina, la ética y los lineamientos institucionales y en uso de las facultades legales, el mando institucional dispuso de manera inmediata la desvinculación de las personas en cuestión”.
El magistrado Raúl Martínez dio cuatro meses de plazo para investigar y resaltó en su resolución que la actuación de los detectives “repugna a la sociedad”, pues sus comportamientos “no se condicen con su labor de protegerla”.