Elaborada por Rupi y Cátedra de Unesco, el documento compila aportes de investigadores nacionales, incluyendo de la UdeC, y se basa en principios de la “Convención sobre los Derechos del Niño”, que Chile ratificó el 14 de agosto de 1990.
Este 12 de agosto se lanzó la Agenda Niñez y Adolescencia 2022-2026, elaborada por la Red de Universidades por la Infancia (Rupi) y la Cátedra Unesco Niñez, Juventud, Educación y Sociedad, y que entrega 51 propuestas para avanzar hacia una política pública integral en Chile que resguarde y asegure el cumplimiento de la “Convención sobre Derechos del Niño” y las garantías que consagra; convenio internacional que el país ratificó el 14 de agosto de 1990.
Por ello, el documento se entregará a candidatos presidenciales, gobernadores regionales, autoridades municipales y otras responsables del diseño de políticas públicas y toma de decisiones para que se sustenten en el mejor conocimiento disponible y permitan mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes (NNA), disminuir brechas y desigualdades, eliminar todas las formas de violencia, avanzar en construir una sociedad que garantice el ejercicio de sus derechos y bienestar integral. Es que las propuestas fueron desarrolladas por casi un centenar de académicos e investigadores nacionales basadas en las evidencias de su trabajo ligado a diversos ámbitos, desde las ciencias sociales y jurídicas hasta de la educación y salud.
Agenda y Derechos
“Los costos de tomar decisiones inadecuadas en Chile lo ha vivido con creces la niñez institucionalizada, pero también todos los niños y niñas que crecen en una sociedad que, por ejemplo, ha naturalizado el maltrato o el abuso”, resaltó Mahia Saracostti, directora de la Cátedra Unesco, contando que entre los propósitos de la Agenda está evidenciar que “lo que sucede en la niñez y adolescencia no sólo impacta en el bienestar de esta población, sino que en el progreso de toda la sociedad” y que “la niñez no sólo debe ser protegida, también requiere de espacios de participación en escuelas, ciencias y política, donde sus voces efectivamente sean escuchadas”.
La “Convención sobre Derechos del Niño” se rige por principios fundamentales tomados para la Agenda que agrupa la serie de propuestas en los ejes supervivencia, desarrollo, protección y participación. “Son los cuatro grandes grupos de derecho de la infancia y adolescencia, y también de obligaciones del Estado”, sostuvo Cecilia Pérez, directora del Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y Adolescencia (Piia) de la Universidad de Concepción (UdeC), representante de la casa de estudios en la Rupi y autora de una de las propuestas. El documento también releva que incorporar una perspectiva integral de los derechos de NNA y sus familias en las políticas públicas nacionales es lo irrenunciable en esta materia.
Una deuda
Lo plasmado para la académica deja manifiesto “lo mucho que hay que hacer en tantos ámbitos” e impulsa un cambio de paradigma que es deuda histórica, pues a 31 años de la ratificación de la Convención Chile no ha consumado los compromisos adquiridos para cumplirla al no integrarla completa ni adecuadamente en la política pública ni legislación, pese a haber avances. La gran brecha es la “Ley de garantías de la niñez”, instrumento que Pérez destacó como realidad en la mayoría de las naciones suscritas al convenio y que, tras concluir su tramitación en junio de 2021 e iniciada en 2015, recibió un veto que retrasa su promulgación, por lo que antes de tener una ley marco se aprobó cambiar la institucionalidad, ya que el Sename pasará a ser el Servicio Mejor Niñez próximamente.
Al respecto, advirtió que “el problema de nuestras políticas de infancia es que se centran en NNA bajo protección del Estado: el paradigma de NNA en una situación irregular o con problemas. Todo antecede a la Convención”. “Hay que abrir las políticas a la infancia como una categoría social y pensando en todos los NNA. No significa dejar de trabajar por los más vulnerables o vulnerados, pero si se trabaja pensando cómo la política y legislación incide en condiciones más estables, igualitarias y equitativas para todo NNA, a largo plazo estaremos reduciendo las posibilidades de que caigan en una situación de alta vulnerabilidad o se vulneren sus derechos”, manifestó.
Es reconocer a todo NNA como sujeto de derecho y al Estado como garante, lejos del adultocentrismo y asistencialismo al decidir y actuar, lo que se plasmaría en la citada ley, y es el reto que instan los expertos a superar al considerar la Agenda, que por la realidad se concibió como una necesidad y al actual contexto social, político y eleccionario como oportunidad para satisfacerla, resaltó Cecilia Pérez, pues se trata de un momento clave para deconstruir y transformar la sociedad chilena, ad portas de elegir a quien lidere el país de 2022 a 2026 y de redactarse una nueva carta magna.
La Red de Universidades por la Infancia se creó en 2019 al tomar consciencia de la realidad nacional de la niñez y adolescencia en Chile y de cuánto deben y puede aportar la academia nacional a mejorar su situación y desarrollo, con la misión de articular el trabajo y las contribuciones. En la actualidad la integran 20 universidades de todo el país, cada una con un representante, como la UdeC.
Y en el seno de la Rupi surgió la idea de construir la Agenda Niñez y Adolescencia 2022-2026 recién lanzada, abriendo durante mayo de 2021 una convocatoria para enviar propuestas a académicos e investigadores de distintas universidades chilenas, fueran o no parte de Rupi, centros de investigación e incluso chilenos en el extranjero interesados en contribuir desde sus diversas disciplinas, capacidades y experiencias, a la calidad de vida y bienestar de los NNA que habitan Chile. Cada proposición, muchas nutridas desde los resultados de muchos años de trayectoria y estudios, fue evaluada en base a distintos criterios para escoger a las que darían vida al documento oficial que incorpora relevantes aportes surgidos desde la UdeC.
Perspectiva transversal
Uno es el de Cecilia Pérez, asistente social de profesión, académica de la UdeC y ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile y ministra de Planificación y Cooperación de Chile durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos (2002-2006). La experta entregó la propuesta “Transversalización de la perspectiva de la niñez y la adolescencia en las políticas públicas”, que es la número 23 y está en el eje de protección.
La idea central es que “todas las políticas públicas, no sólo las sociales, deberían pensar activa y conscientemente en la infancia y adolescencia”, precisó. Es decir, que en materias tan diversas y que muchos podrían pensar ajenas como las culturales, económicas, energéticas o urbanísticas, la política y regulaciones se planteen pensando cómo podrá afectar o favorecer la vida de NNA, trasladar a todas los principios de la Convención. Es lo que definió como “cuota un metro”, por el promedio de estatura de los integrantes de esta población que va de 0 a 18 años de edad, y uno de tantos ejemplos para aplicarlo es considerar las características, intereses o necesidades de este grupo al diseñar espacios públicos como plazas o un establecimiento de salud.
“Es un símil a lo que en Chile hemos probado cuando se establece un sistema de género y la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas”, aclaró Cecilia Pérez. Temática que conoce desde su experiencia política, profesional y académica, y que hace sinergia y sistematiza en la propuesta. Sobre esto, contó que “como ministra del Sernam me correspondió trabajar la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas. El modelo aplicado en Chile, como en otros países, hace vinculante para todo el aparato público trabajar con ese tema y no sólo al organismo que se supone está creado para eso”. En el caso de NNA es el Sename, luego Servicio Mejor Niñez, y al trabajo acotado lo catalogó como “error de política, sólo genera déficit en la respuesta del Estado. Lo que se debe hacer es implantarlo en todo lo que el Estado hace y en género hay evidencia de que ha sido un modelo exitoso en América Latina, donde más se ha usado y con Chile como pionero”.
Su labor como autoridad estuvo antecedida y respaldada por su trabajo profesional, que ha continuado como académica de pre y postgrado y directora del Piie en la UdeC y desde sus líneas de investigación vinculadas a políticas públicas e infancia y política pública y género, sobre todo en la última década, fuentes de desarrollo que le han permitido profundizar y fortalecer los conocimientos que elaboró como propuesta.
Enseñar a participar
La Agenda también incluye a “Mecanismos formativos de participación en el currículum docente”, propuesta número 47 e incluida en el eje de participación, elaborada por el sociólogo Luis Alarcón durante su experiencia como becario docente por el Magíster en Política y Gobierno del Departamento de Administración Pública de la UdeC.
La base es el derecho universal que la infancia tiene de participar y expresar su opinión sobre asuntos que afecten sus vidas, poniendo el foco en que “se debe aprender a participar: a participar se aprende participando”, dijo, pero también agregó que “en los contextos escolares estas materias no suelen ser traspasadas a NNA y, de hecho, su educación cívica pocas veces incluye un enfoque de derecho”.
Ante ello, la propuesta es que en la formación inicial y continua de los docentes se les entreguen herramientas para que puedan poner en práctica la participación de NNA en el aula, consensuando distintas instancias donde puedan participar, enseñando a participar participando. Algo que, relevó, debe iniciar desde las edades más pequeñas y mantenerse todo el ciclo escolar para que tempranamente desarrollen sus habilidades y fortalezcan desde el trabajo constante.
Para el sociólogo es un tema clave e invisibilizado, pues las posibilidades de participar y opinar son determinantes a lo largo de la vida, en múltiples dimensiones, en el bienestar e, incluso, en acortar o perpetuar brechas, pero suele ser lo más relegado de los derechos de NNA frente a otros principios fundamentales. Su anhelo ha sido sacar de las sombras a la participación, bajo el paradigma de que dentro del enfoque de derecho los cuatro principios fundamentales funcionan como un círculo virtuoso, es decir, se potencian e influyen entre sí, viéndose afectados si alguno no se cumple, por lo que todos deben realizarse.
*La Agenda Niñez y Adolescencia está disponible desde el link https://doi.org/10.32457/UA.103 y es posible leer o descargar su versión PDF.