Señora Directora:
¿Cuál fue el pecado en la fallida compra de vehículos para los ministros de la Corte Suprema? ¿La obscenidad del precio? ¿Haber visado una compraventa que no se podía hacer? En absoluto. La acción se enmarca dentro de la autonomía del Poder Judicial, así como de su presupuesto. En este sentido, está bien el máximo tribunal al insistir en que Hacienda había comprometido esos recursos cuando fueron discutidos en el Congreso.
Ese no es, me parece, el problema que ha generado esta controversia. Lo que suscita consternación sería más bien una ausencia. La falta de lo que Max Webber denominó la “ética de la responsabilidad” (el “ser” de la política). Para el sociólogo alemán, quienes detentan posiciones de poder o autoridad deben tener la capacidad de tomar decisiones basadas en una consideración cuidadosa de las consecuencias previsibles de sus acciones, lo que supone que los criterios bajo los cua- les han de orientar su acción deben estar apegados a la realidad.
De esta manera, la ausencia de la “ética de la responsabilidad” estaría en no haber previsto las consecuencias que se derivarían de una decisión como esa. Ausencia que, dicho sea de paso, deja traslucir un desajuste con la realidad.
A esto se sigue un problema más de fondo, creo yo, y en consecuencia más corrosivo: hasta qué punto medidas como estas contribuyen a la erosión y debilitamiento de nuestra democracia y de sus instituciones, ya de por sí “defectuosa”, como fuera catalogada estos días. Que las autoridades, como lo son los miembros del máximo tribunal del país, no caigan en la cuenta de esta ausencia, es lo que urge.
Pedro Villarino F.