Señora Directora: La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho y del sano funcionamiento del régimen democrático. Sin tribunales de justicia independientes, los ciudadanos no contarían con mecanismos para hacer valer sus derechos, ni para evitar la arbitrariedad y abusos del Estado. Sin embargo, la independencia judicial no puede depender únicamente de la buena voluntad de la autoridad política o de una actitud heroica de los jueces.

Aunque resulta indispensable la conciencia compartida sobre los valores republicanos mínimos — donde la independencia judicial ocupa un lugar primordial—, es necesario establecer un entramado institucional que imposibilite, o al menos dificulte, que se produzcan presiones indebidas a los jueces. Estas pueden ser tanto externas al Poder Judicial, como internas a su propia jerarquía, y afectan a todos los aspectos de la vida profesional de estos, como su nombramiento, su estabilidad en el cargo, su régimen de responsabilidad y sus remuneraciones, entre muchas otras. De esta manera, es importante que la nueva Constitución consagre todos los resguardos institucionales para que los jueces puedan ejercer sus funciones con tranquilidad y con la conciencia de que no recibirán presiones ni represalias cuando fallan conforme al derecho, con el fin de proteger y resguardar las libertades como los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a cualquier arbitrariedad o intención antidemocrática que quiera dilapidar el Estado de Derecho.

Martín Durán