Señor Director:
En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo la temática del agua ha sido puesta de relieve en sus más diversas consideraciones, desde las jurídicas sobre los derechos de agua privatizados, hasta las medioambientales; no puede ser de otra forma dado el rol que cumple en la manutención de la vida en y del planeta; así de simple y así de grande.
Mi punto es, que dada las condiciones que está generando el cambio climático global y la escasez del agua dulce para consumo humano y actividades productivas vitales, como la agricultura, cuyas consecuencias se evidencias en migraciones masivas, hambrunas, tensiones bélicas y otras cuestiones que aún se muestran lejanas a quienes habitamos las aún lluviosas zonas de la parte sur y austral de Chile. No obstante, esto ya no lo es tanto para sectores rurales del centro norte del país e incluso del secano costero cercano; donde ya no sólo es sequía, sino que disminución drástica de los acuíferos subterráneos.
Por ello, la gestión del agua dulce debiera ser nuevamente abordada por el Estado y las políticas públicas como un bien estratégico que es necesario mantener y proteger, y por lo mismo, volver con urgencia a manos estatales como lo fueron en algún momento el cobre y todos los minerales, sobre cuya base se levanta y sustenta el modelo económico del país.
No hay duda del aporte que realizó la privatización del sector en el aumento de las áreas operacionales de agua potable, la extensión de servicios de alcantarillado o los sistemas de tratamiento de aguas servidas. Sin embargo, este debiera ser un ciclo que empiece a cerrarse con urgencia y estas gestiones volver al Estado para salvaguardar este bien estratégico.
Tendrá que ser con todos los elementos legales y económicos que corresponda, pero debe ser una tarea irrenunciable y urgente para la clase política y la sociedad civil de la región.
Luis Henríquez Logia