Señor Director:
El aumento de la esperanza de vida de la población es uno de los más grandes triunfos de la humanidad, pero es también uno de sus mayores retos. A medida que entramos en el siglo XXI, el envejecimiento de la población supondrá un aumento de las demandas sociales y económicas en todos los países. Hablamos de “población envejecida” cuando se ha alterado la composición por edades, y se registra un aumento sostenido del número de personas ubicadas en el tramo de 60 y más años. En 1995 había 36 millones de personas mayores de 60 años en América Latina y el Caribe. Esta cifra se duplicará desde entonces al 2025.
Naciones Unidas alerta sobre este fenómeno cuando, en su Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento habla de que, a pesar de que las cifras de envejecimiento deberían preocupar a todos, parece que no es así. Y debería preocuparnos ya que, además de aumentar el número de personas mayores, aumenta también el número de personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y degenerativas, lo que las convierte en dependientes.
Esta dependencia repercute directamente en la población activa que ha de asumir la responsabilidad de su cuidado, lo que genera lógicas repercusiones socioafectivas y económicas. Además, el hecho de que en muchas ocasiones, ese cuidado no sea posible, genera marginación social, desnutrición y pobreza. Surge entonces el desafío de abordar esta variable demográfica y sus consecuencias sociales, a partir de un enfoque de derechos de los adultos mayores, asumiendo que aún es tiempo de avanzar proactivamente en el pleno ejercicio de los derechos de las personas de la tercera edad. Este desafío supone una mayor exigencia social económica y jurídica, junto a la construcción de nuevos paradigmas culturales de inclusión y de derechos civiles.
Dr. Patricio Torres Castillo
Dra. Esther Claver Turiégano