Señor Director:
La educación técnica profesional (TP) se ha ido convirtiendo en una alternativa cada vez más atractiva: en 2018 aproximadamente 510 mil estudiantes se matricularon en un IP o CFT, representando el 43% de la matrícula total de educación superior. Pero hay otros datos que también vale la pena mirar. En primer lugar, de 90 instituciones de educación técnica superior, 59 no cuentan con acreditación. Por otro lado, la tasa de retención es en promedio 10 puntos porcentuales inferior a la de las universidades, lo que nos lleva a suponer que el costo de oportunidad de ingresar a la educación para este tipo de estudiantes es muy alto y requieren contar con algún tipo de ingreso. Por último, la información entregada por la Contraloría, muestra que las instituciones TP recibieron solo el 16% de los recursos provenientes del Estado para educación. Sin embargo, si excluimos los aportes directos a los estudiantes (becas, créditos y gratuidad), este tipo de instituciones reciben solo el 1%. Esto representa una enorme discriminación hacia estos alumnos.
Es en este escenario donde vemos que es urgente fortalecer la educación técnica profesional, distribuyendo los recursos de manera más equitativa entre todas las instituciones. Desde Acción Educar hemos impulsado una propuesta en torno a tres pilares: incentivar a que alumnos de mayor rendimiento académico asistan a este tipo de educación, mejorar la capacitación profesional de estos estudiantes e incentivar la investigación e innovación en este campo.
Hoy, luego de más de cinco años, tenemos el deber de dejar de hablar de financiamiento del sistema y poner a la calidad en el centro de la discusión. Para esto es fundamental atraer talento a la educación TP, haciéndola más atractiva para alumnos de mejor rendimiento académico con la entrega de un beneficio económico para quienes provengan del 20% superior de su generación y se matriculen en CFT o IP acreditados. Pero también tenemos que garantizar una adecuada formación, asegurando una práctica profesional de acuerdo a su área de especialización. Por último, la creación de un fondo concursable destinado a la investigación e innovación en esta área es un incentivo para su desarrollo.
Si bien hay muchos otros desafíos en esta materia, como la discusión sobre el nuevo sistema de admisión y las modificaciones a la acreditación de instituciones; la implementación de estas medidas, de rápida ejecución, son una forma eficaz de reimpulsar la educación técnica profesional, tan necesaria para los desafíos de nuestro país.
María Jesús Castro, investigadora de Acción Educar.