Señor Director:
Es casi un lugar común afirmar que la estructura del sistema tributario refleja la estabilidad de las reglas del juego de un país y su economía. Un ambiente de incertidumbre puede tener efectos negativos en este ámbito, al afectar las decisiones de inversión, lo que acaba por reducir la acumulación de capital y, por ende, el producto nacional.
Pese a esa constatación, una particularidad de nuestra Carta Política consiste en que, de acuerdo con sus artículos 65, inciso 2°, y 66 inciso final, las leyes que imponen tributos se aprueban, modifican o derogan mediante simple mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, a diferencia de lo que ocurre con otras materias, tan sensibles como esta, en que se exigen mayorías superiores.
Si las fuerzas políticas que controlan el gobierno no superan a las de oposición en el parlamento, tal como ocurre actualmente en nuestro país, el desafío es mayúsculo y la oportunidad todavía más grande: convencer de las bondades de un cambio y aglutinar voluntades para forjar un sistema impositivo estable en el tiempo.
El proyecto, recientemente ingresado por el Presidente de la República al Parlamento, aborda distintos tópicos, pero, sin duda alguna, la integración total del impuesto personal con el corporativo, como régimen general, con tributación en base a retiros efectivos –merced a la eliminación del régimen de renta atribuida–, es su columna vertebral, al tiempo que constituirá el punto de mayor controversia en el debate. Hoy, la integración entre ambos tributos es parcial (en el régimen de imputación parcial del crédito o semi integrado) en que solo el 65% de lo pagado por la empresa puede ser rebajado por los socios de su impuesto global complementario, generando como consecuencia que la imposición a nivel personal pueda llegar a 44,45%, en vez de 35% que es la tasa máxima establecida por la ley. Se busca con ello, promover la “equidad horizontal”, es decir, que contribuyentes con el mismo nivel de renta se enfrenten a la misma carga impositiva.
Más allá de las distintas posiciones frente a este y otros puntos del proyecto, el objetivo no es otro que asegurar algo tan básico como esencial: cubrir el costo de los derechos. Sí, porque los derechos cuestan dinero. Resulta imposible ampararlos o exigirlos sin fondos públicos. Ese costo no es otro que los impuestos.
Jaime Gonzalez Orrico.
Profesor de Derecho Tributario, Facultad de Derecho UDD