Señor Director:
En nuestro país, aproximadamente 230 mil niñas, niños y adolescentes realizan alguna actividad económica. Asimismo, se estima que 125 mil de ellos realizan trabajos peligrosos, con más de 53,3% de labores de carga pesada y un 40,8% en manejo de herramientas de riesgo, con graves consecuencias para su desarrollo, incumpliendo de esta forma los compromisos consagrados no sólo en la Convención de los Derechos de los Niños, sino también en la legislación chilena.
De los niños que trabajan, la mayoría lo hace en el retail (86 mil) y en producción agropecuaria (40 mil). Por otra parte, un porcentaje significativo trabaja en el sector construcción (8,4 % es decir 19 mil niños) y en labores domésticas (12 mil, principalmente mujeres). Una parte significativa del trabajo infantil opera fuera de la ley y se normaliza en contextos de mayor exclusión social. La falta de oportunidades para vivir, cubriendo las necesidades básicas de una familia, permite que la explotación se instale en sus peores formas.
En el extremo, se estima en cerca de 4.000 los menores afectados por la Explotación Sexual Comercial Infantil, cifra que es una proyección de un estudio de la OIT sobre peores formas de trabajo infantil. Hace más de 10 años que evidentemente no ha sido actualizado frente a fenómenos emergentes como los migratorios.
El trabajo infantil -fuera de lo regulado por Ley- expone gravemente a los niños y principalmente niñas a situaciones como la explotación sexual, donde su erradicación constituye un desafío permanente. Es muy importante que tengamos presente esta realidad y promovamos su prevención y creación de factores protectores que vayan a las causas y eliminen tales riesgos.
La escuela es elemento fundamental para crear espacios de inclusión y retención educativa que permitan dar al niño la oportunidad de contar con una red que vele por su desarrollo positivo, asimismo impulsar oferta programática adecuada para trabajar con familias y comunidades en la prevención.
La creación de un sistema efectivo de protección a la infancia debe hacerse cargo de fortalecer las capacidades locales que permitan resguardar los elementos que fortalezcan el entorno en que vive. La principal amenaza es la normalización y la indiferencia, no involucrarnos y cerrar los ojos a esta realidad para abrirlos cuando tenemos una sociedad dañada y es demasiado tarde. Hoy es el momento de actuar, no podemos seguir pasivos y espectadores del daño a nuestros niños.
Marcelo Sánchez
Fundación San Carlos de Maipo