El argumento detrás de la solicitud es la presunta alteración del orden público durante las movilizaciones por parte de los legisladores.

La ahora exseremi es investigada por maltrato y acoso laboral dentro de la institución.

"Se condenará cualquier exceso o falta de respecto al protocolo del uso de la fuerza también será investigado por la fiscalía y revisado por los Tribunales de Justicia", reiteró el mandatario.