Tanto las voceras sociales como, también, la Defensoría de la Niñez y la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marissa Barro, indicaron que justificar la violación y culpar a la víctima de 12 años es grave y que debe ser sancionado.

El motivo detrás de la medida es que el acusado portaba una cámara personal "ajena a la institución y no autorizada" el día de la manifestación en el centro de Santiago.

Los hechos ocurrieron entre mayo de 2019 y agosto de 2020, y actualmente la cuidadora se encuentra embarazada. Existen dos querellas, una de ellas es de la Defensoría de la Niñez.