La medida puede explicarse por la percepción fundada de la ciudadanía que existe un estado de emergencia por los altos niveles de delincuencia, de violencia, de consumo de drogas y alcoholismo en nuestros niños y jóvenes.
El 3 de abril pasado, un grupo de alumnos agredió a una profesora y a una asistente en una protesta. Sólo uno de los alumnos siguió con la acción legal hasta el fallo.