El Juzgado de Garantía de Concepción encabezó la reformalización de cargos contra Camila Polizzi y otros involucrados en delitos económicos cometidos entre 2022 y 2023, en el marco de la investigación por presunto uso irregular de recursos públicos.
El caso de la Región del Biobío es ejemplar: de acuerdo a la UAF, entre el año 2007 y el año 2018 se han dictado cinco sentencias condenatorias por el lavado de activos, es decir, dineros y bienes. El número contrasta con los reportes sospechosos. Hay dos posibilidades: hay un exceso de sospechas sin fundamento, o existe una notoria dificultad para comprobar la existencia de algún delito.
En la primera mitad del año, los sujetos obligados, esto es, 38 actividades económicas y todo el sector público, enviaron 3.013 Reporte de Operaciones Sospechosas a la UAF, que se comparan con los 2.364 ROS remitidos en enero-junio de 2019.