Asociaciones municipales de la región piden que la protección de los funcionarios públicos sea abordada como una política de Estado y advierten que lo ocurrido en San Bernardo no puede ser tratado como algo aislado.

Según el catastro, cada habitante de la zona significa un equivalente a \$22.640 al año, mientras la revalorización alcanza apenas los 5 kg por persona.

Esto tras la reunión que sostuvo la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) junto con la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito.