El texto determina que las obras para erigir el monumento se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Autoridades comunales exigen coordinación estatal ante crisis de movilidad.
Desde distintos sectores advierten incertidumbre sobre financiamiento y el mecanismo para aplicar la medida en regiones, en contraste con Santiago.