Al parecer, el Presidente excedió sus atribuciones reglamentarias pasando por sobre las leyes y la moribunda Constitución vigente.

Las empresas de Bío Bío tienen muy baja competitividad, las causas no están siendo atendidas por la política pública y, peor aún, es desconocida por la autoridad regional.

De no establecer una formulación que hiciese exigibles los derechos sociales, cualquier carta fundamental no sería más que una ley y un manifiesto de propaganda.