Toda persona que ejerce un cargo público, incluido el de convencional constituyente, es un ciudadano más, con una responsabilidad enorme que debe asumir con prudencia y templanza. No es un comisario o vigilante político con licencia para censurar y juzgar ideológicamente a los que piensan diferente, aprovechándose de un terreno abonado con el sectarismo y las simplificaciones, contrarios a los matices y a la diversidad. Buscar y encontrar un punto de convergencia en la diferencia es hoy una urgencia.

Aun no comienzan a trabajar las y los constituyentes en la elaboración de la nueva Constitución, sin embargo, quienes se sienten amenazados por la posibilidad de perder sus privilegios y quienes buscan revancha ya han comenzado a utilizar un lenguaje y una maquinaria comunicacional tendiente a ofender, denigrar, deshonrar, menoscabar o discriminar a quienes la ciudadanía eligió para redactar la nueva Constitución.

Pueden viajar a Santiago, hacer comisiones, contar un cuento de lucha desatada contra la capital y pedir lo que quieran. El sistema establecido reparte independiente de lo que cada uno pida.

Llegó el momento que como sociedad, más allá de algún acuerdo político determinado, fijemos otro “Acuerdo de Mínimos Comunes”, uno que no es pasajero y no tiene que ver con la pandemia, uno que no distribuye beneficios sociales y no distingue edad ni posición social: La violencia, bajo ninguna circunstancia, puede ser aceptable como camino para la acción política ni para la obtención de beneficios del Estado.