La normativa obliga a los recintos particulares a ser fundaciones sin fines de lucro, por lo que las instituciones financieras no les facilitan dineros para realizar las operaciones necesarias.
Forma parte de un plan de infraestructura en seguridad para toda la Región que, entre los años 2018 y 2020, implicará una inversión de más de 60 mil millones de pesos para Carabineros y la PDI.
