El Ejecutivo endureció el tono hacia quienes persisten en el paro y comparó sus acciones con las del estallido social. Dirigentes del Biobío cuestionaron el trato y aseguraron que sus movilizaciones no responden a intereses políticos.
Lo que debes saber
• Transportistas del Biobío que quedaron fuera del acuerdo con el Gobierno cuestionaron las alusiones al octubrismo y rechazaron que sus movilizaciones sean asociadas a motivaciones políticas o prácticas delictuales.
• Dirigentes de la Unión de Transportistas de Contenedores del Biobío y de la Agrupación Juan Riquelme criticaron que las negociaciones no representaran a los pequeños empresarios y calificaron el pacto como insuficiente.
• Aunque los puntos de movilización fueron despejados, algunos transportistas no descartaron retomar las protestas durante los próximos días.
A pesar del entusiasmo inicial tras “dar por terminada” la paralización nacional de los transportistas, el acuerdo anunciado por el Gobierno no terminó de cerrar del todo el conflicto. Durante la noche del jueves, distintos puntos de movilización a lo largo del país y en el Biobío comenzaron a despejarse, pero entre los transportistas que no se sintieron representados por la negociación persiste el malestar.
Aquel pacto contempló revertir las últimas alzas de $42 por litro en el diésel y $39 en las gasolinas, una rebaja adicional de $100 por litro para el diésel y el congelamiento de nuevas alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.
Con eso en cuenta, si durante las jornadas previas el Gobierno concentró sus esfuerzos en negociar una salida a la paralización, este viernes el tono cambió. Con el acuerdo ya anunciado y parte importante de las movilizaciones levantadas, La Moneda pasó de las concesiones a las advertencias de despeje y eventual actuar de Carabineros.
Fue el propio ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien sostuvo que el derecho a manifestarse no podía transformarse en un derecho a obstaculizar carreteras y advirtió que “la ley se va a cumplir”. En la misma línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que no existía justificación para mantener entorpecimientos en las vías y que, ante ese escenario, “la ley y la fuerza pública tienen que actuar”.
Pero quizá lo más llamativo fue que la señal no se limitó al plano del orden público, ya que distintas autoridades recurrieron a referencias al estallido social de 2019 para cuestionar a quienes continuaban movilizados.
Las advertencias se sumaron a un discurso que había comenzado a tomar forma mientras todavía se cocinaba el acuerdo. El mismo Presidente José Antonio Kast cuestionó los bloqueos y llamó a no volver “a ese pasado donde se destruyó nuestra nación”, en alusión a la polémica práctica de “el que baila pasa” durante el estallido social.
Pavez, por su parte, calificó aquella conducta como “una vergüenza” y llamó a “no repetir las prácticas del octubrismo”.
Y eso no es todo, ya que, con el acuerdo ya cerrado, el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, elevó la apuesta narrativa y planteó que entre quienes continuaban movilizados había “algunos nostálgicos del octubrismo”. Así de a poco, el debate mutó hacia la legitimidad de quienes insistían en permanecer en las carreteras.
Ese cambio de tono no pasó inadvertido entre los transportistas de la zona. Consultado por Diario Concepción, Juan Carlos Aguayo, presidente de la Unión de Transportistas de Contenedores del Biobío, cuestionó que desde el Gobierno se atribuyeran motivaciones ajenas a las demandas laborales del sector y rechazó que se asociara la movilización con el octubrismo o alguna señal de anarquismo.
“Estar calificando de octubrista a toda la gente que hoy se motiva no es aceptable”, afirmó. “No puedes llamar así a un movimiento de transportistas; deberían leer un poco y conocer la historia del transporte”, agregó.
Aguayo, por ejemplo, recordó que los camioneros continuaron trabajando durante el estallido social y la pandemia para mantener el abastecimiento del país. Por eso, consideró injusto que ahora se les vincule con conductas que, a su juicio, no representan al gremio.
Su cuestionamiento también apuntó directamente al ámbito comunicacional del Ejecutivo, pues argumentó que el Presidente debía revisar el trabajo de sus equipos y cuidar la forma en que se dirigen a la ciudadanía y a un sector que, afirmó, ha estado presente en momentos complejos para el país.
Por otro lado, puso en duda el resultado político de las negociaciones y quiénes terminaron beneficiados, y afirmó que “esto fue un portazo para el pequeño empresario”.
En ese punto, distinguió entre las organizaciones que sí participaron de las movilizaciones y aquellas que se mantuvieron al margen. Reconoció el apoyo dado por la Confederación de Camioneros Centro-Sur, aunque aseguró que en el Biobío no se sienten del todo representados por su presidente, Freddy Martínez.
A su vez, volvió a cuestionar la participación de Juan Araya y Sergio Pérez, dirigentes de la CNDC y la CNTC respectivamente, “quienes no solo no encabezaron la paralización, si no que no tenían pan ni pedazo en la negociación”.
Por el momento, descartó que su organización esté evaluando una nueva protesta durante este fin de semana. “Desde el lunes en adelante vamos a ver qué podemos hacer, cuál va a ser nuestra postura”, indicó.
La molestia también se expresó desde la Agrupación Juan Riquelme. Su vocero, Alberto Dinamarca, confirmó que debieron retirarse del punto de movilización, pero aclaró que aquello no significó aceptar el acuerdo. Según explicó, la liberación de los accesos a los puertos de Lirquén, Coronel y San Vicente modificó las condiciones y los obligó a despejar el sector.
“Nos retiramos porque no tuvimos de otra, pero no estamos de acuerdo”, aclaró. Dinamarca afirmó que las dirigencias que participaron de la firma no representaban a los pequeños transportistas movilizados en la zona y cuestionó que no se les consultara antes de cerrar las negociaciones. “se vendieron por 100 miserables pesos”, sentenció.
Sobre las comparaciones con el estallido social, el dirigente insistió en que las manifestaciones fueron pacíficas y manifestó que “es muy duro saber como nos están calificando. Es una falta de respeto, porque no somos delincuentes, somos gente de trabajo”.
Aunque no anunció una decisión definitiva, aseguró que estaban analizando la posibilidad de volver a movilizarse en el Gran Concepción.
Finalmente, Matías González, transportista independiente que participó de las movilizaciones en Coronel, coincidió en que el acuerdo no respondió al objetivo inicial de la protesta, y consultado por las alusiones al octubrismo, sostuvo que “si ellos nos tratan así, pese al acuerdo que hicieron entre cuatro paredes, la verdad deja mucho que desear”.