Fondos E y D: congresistas de Biobío plantean compensaciones e investigaciones a las AFP

26 de Octubre 2026 | Publicado por: Bruno Rozas Hinayado
Fotografía: Carolina Echagüe M.

Peticiones de oficios al fiscal nacional, límites más estrictos de riesgo y reparaciones con cargo al patrimonio de las administradoras forman parte de las propuestas legislativas para mitigar el impacto en los afiliados.

Compensaciones extraordinarias, eventuales bonos de reconocimiento e investigaciones sobre las decisiones de inversión de las administradoras son algunas de las medidas que plantearon parlamentarios del Biobío ante las pérdidas registradas en los fondos previsionales E y D.

Los legisladores también apuntaron a reforzar la fiscalización y establecer mecanismos de protección para quienes están próximos a jubilarse.

El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, pidió al Gobierno respaldar una iniciativa legislativa transversal que permita reparar las pérdidas de los afiliados.


Como alternativa de financiamiento, propuso recurrir a excedentes de las AFP y aplicar las máximas sanciones a quienes resulten responsables.

“Este daño previsional merece sanciones administrativas y de la justicia chilena para evitar que esto se vuelva a repetir en el futuro”, sostuvo, al cuestionar el impacto de las pérdidas en quienes confiaron sus ahorros al sistema previsional.



En la Cámara, la diputada independiente-UDI Marlene Pérez también planteó que las administradoras deben entregar explicaciones y asumir las responsabilidades que correspondan.

A su juicio, el efecto sobre quienes están cerca de pensionarse requiere especial atención, debido al menor tiempo disponible para recuperar sus ahorros.


La parlamentaria manifestó su disposición a impulsar medidas legislativas y gestiones ante el Gobierno y la Superintendencia de Pensiones para evaluar compensaciones.

Entre sus propuestas mencionó esclarecer las decisiones de inversión, establecer límites más estrictos al riesgo en los fondos conservadores y exigir reparaciones si se acreditan incumplimientos.


“Los trabajadores no tienen por qué pagar las consecuencias de una gestión irresponsable. Esto no puede quedar solo en explicaciones”, afirmó.

Proponen bonos e investigaciones


La diputada Joanna Pérez, por su parte, sostuvo que las administradoras deben responder por las pérdidas y planteó que se analice la eventual existencia de responsabilidades penales.

Entre las alternativas que busca impulsar mencionó una devolución mediante un bono de reconocimiento, propuesta que espera sea considerada por el Gobierno.



La parlamentaria informó que ofició al fiscal nacional, Ángel Valencia, para solicitar una investigación por eventuales delitos de administración desleal, además de requerir antecedentes a la Superintendencia de Pensiones sobre las inversiones realizadas, las fiscalizaciones y las responsabilidades de las AFP.

Pérez indicó que su presentación busca esclarecer si las operaciones se ajustaron a las obligaciones legales de las administradoras, considerando también advertencias previas del Banco Central sobre los riesgos de determinadas inversiones internacionales.


“No estamos anticipando culpabilidades, pero sí exigiendo una investigación rigurosa”, sostuvo. Agregó que no basta con atribuir las pérdidas a la volatilidad de los mercados, sino que se debe determinar si se respetaron los deberes de protección de los ahorros.

La diputada también llamó a reforzar los mecanismos de resguardo ante la implementación de los fondos generacionales, prevista para abril de 2027, y anunció nuevas acciones fiscalizadoras desde la Cámara.


“Los ahorros previsionales pertenecen a los trabajadores, no a las AFP, y nuestra obligación es defenderlos”, concluyó.

Contexto / Foto cedida.


Focalizar medidas en mayores de 60 años

La diputada UDI Flor Weisse coincidió en la necesidad de esclarecer las decisiones de inversión y determinar si existieron actuaciones inadecuadas o incumplimientos normativos.


Asimismo, respaldó evaluar un mecanismo extraordinario de compensación, con prioridad para las personas mayores de 60 años y quienes están próximos a jubilarse.

La legisladora planteó que un eventual plan podría financiarse con cargo al patrimonio de las AFP y focalizarse en quienes mantenían sus ahorros en los fondos más conservadores. También pidió explicaciones claras a los organismos fiscalizadores sobre los riesgos asumidos y las medidas de supervisión adoptadas.



Junto con respaldar gestiones para proteger a los afiliados, Weisse sostuvo que se deben revisar los cambios legales necesarios para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir.

En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana Álvaro Ortiz cuestionó el funcionamiento de las administradoras y advirtió que devolver directamente los recursos perdidos podría ser difícil, debido a que ya fueron invertidos en otros activos y operaciones económicas.


El parlamentario valoró la discusión de una comisión especial en el Congreso y las investigaciones anunciadas por el Ejecutivo. A su juicio, estas instancias deben contribuir a aclarar lo ocurrido y entregar certezas a los afiliados sobre el destino de sus ahorros.

Ortiz afirmó que respaldará medidas parlamentarias que permitan entregar mayores garantías a los trabajadores y evitar que enfrenten nuevamente una situación similar.



Compensaciones sujetas a responsabilidades

Aunque los legisladores coinciden en exigir explicaciones y fortalecer la protección de los afiliados, sus propuestas incluyen distintas alternativas: desde reparaciones financiadas con recursos de las administradoras hasta bonos de reconocimiento y cambios regulatorios.


La posibilidad de establecer compensaciones, sin embargo, requiere determinar las causas de las pérdidas y si existieron incumplimientos de las obligaciones legales de las AFP. Las caídas en el valor de las inversiones no implican, por sí solas, que exista responsabilidad de las administradoras ni que corresponda una restitución automática.