El subsecretario de Justicia, Luis Silva, en conversación con Diario Concepción repasó los nudos críticos del sistema penal en la Región del Biobío. Tras los hechos de violencia en el recinto juvenil de Coronel, la autoridad fija postura sobre las reformas legales en marcha y la necesidad de acortar los tiempos de la internación provisoria.

En materia de infraestructura, Silva aborda el despliegue del plan nacional en la zona, la incertidumbre sobre la nueva cárcel de Los Ángeles y la urgencia de aplicar soluciones modulares. Además, aclara el debate por los módulos de máxima seguridad, asegurando que buscan contener la criminalidad ya presente en el ámbito regional.

-Respecto de los hechos de violencia en el Centro de Internación Provisoria de Coronel, incluido el secuestro de un tutor hace una semana, ¿qué diagnóstico hacen de la situación?

-Evidentemente que estas situaciones siempre obedecen a muchos factores, son situaciones complejas, y, por lo tanto, tenemos que resistir la tentación de creer que es sólo un problema de infraestructura.

Pero aquí también hay desafíos que involucran al legislador. Estoy pensando en lo que hoy se tramita en el Congreso, que es la modificación a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que tiene bastante incidencia en la dinámica de los centros, es decir, la facilidad que tenemos para poder trasladar a los infractores cuando hayan cumplido la mayoría de edad a las secciones juveniles, o a la obligación que tienen los funcionarios que trabajan allí de denunciar los delitos que vean, que hoy es una obligación que es genérica.

Por lo tanto, nos encontramos con muchas situaciones irregulares de las cuales los funcionarios son testigos y, por distintos motivos, no denuncian, y eso, evidentemente, entorpece la buena marcha de esto. Después también implica una conversación con la Defensoría Penal Pública, pero también con el Poder Judicial, porque allí también ocurren cosas que afectan lo que pasa en el Sistema Penal Juvenil.

Un ejemplo muy concreto y que tiene mucha resonancia es el caso de los menores que están en juicio y para ellos corresponde esto que se llama internación provisoria. Están mucho tiempo privados de su libertad, en una situación de incertidumbre importante y con apoyo diferente al que tienen las personas que han sido condenadas. Esa diferencia, en general, creo que juega en contra del tiempo que ellos pasan allí.

Y después los equipos, evidentemente que se trata de, por una parte, de contar con las personas más idóneas para las responsabilidades que esto implica, y por otra, ayudar a articular de la mejor manera posible.

-En la línea sobre infraestructura, ¿cuál es la situación actual en Chile y Biobío?, ¿en qué están trabajando?

Aquí hay un plan de infraestructura carcelaria bastante ambicioso, que está en ejecución y que tiene distintas etapas, porque la idea es dotar al sistema de penales de alto estándar como el recientemente poblado en la Región del Maule, La Laguna. El penal tiene un alto estándar de seguridad, no es el único, pero es el más nuevo y, por lo tanto, el que cuenta con mejor tecnología, es el que recoge, de alguna manera, la experiencia de todos los penales. Todo este crecimiento o desarrollo en infraestructura va de la mano de privados en el sistema de concesión, que ha dado muy buenos resultados. Y, por otra parte, hay una necesidad financiera, que el Estado no puede hacerse cargo directamente de sustentar este crecimiento.

Debe agregarse una línea que se que se está estudiando, que es el de recintos modulares, es decir, soluciones rápidas que nos permitan aliviar el sistema que está sobrecargado. Hay población de bajo compromiso delictual que no necesita los mismos estándares de seguridad que necesitan otras personas que son de alto compromiso delictual, y, por lo tanto, uno puede pensar perfectamente en soluciones más livianas, relativamente transitorias, que nos permitan hacer espacio en los penales que cuentan con todas las condiciones para tener presos de alto compromiso delictual.

-¿Qué tipo de soluciones tienen en carpeta?

Se están estudiando, porque hay distintas. En el fondo, aquí de lo que se trata es de combinar óptimamente la agilidad con la que se construya o se levante y el precio. La idea es llegar a un óptimo, pero hay una urgencia y esto desde La Moneda ha sido bastante explícito y claro, de proveer alguna solución para aliviar la sobrepoblación, que impacta en muchos aspectos.

En fin, hay una serie de circunstancias negativas que debieran aliviarse con una oferta modular o industrializada, si se quiere. Pero eso está en estudio, no hay todavía ninguna propuesta concreta.

-Dentro del Plan está la contemplada la construcción de una cárcel en Los Ángeles, ¿en qué está aquella iniciativa?

-Lo que nosotros tenemos claro es que Los Ángeles, o esa zona de la Región, requiere un recinto. Sobre eso tenemos claridad. Hoy Gendarmería tiene un espacio que está en el radio urbano, que siempre fue una cárcel, y que hoy es un terreno eriazo. Parece lo más natural construir ahí, porque ya está el terreno, porque es de Gendarmería, pero creo que no hay que dar por sentado que allí va a ser, es lo natural, pero hoy Los Ángeles, sin perjuicio de que está en el Plan de Infraestructura, no está entre los próximos proyectos.

Por lo tanto, hay bastantes preguntas abiertas respecto de lo que vaya a pasar en Los Ángeles. Insisto, tenemos claridad de que esa zona geográfica requiere un recinto. ¿Dónde va a estar, cuáles van a ser las condiciones de ese recinto? Es una pregunta que hoy está abierta.

-A su juicio, y considerando la realidad regional y nacional, ¿se requiere una cárcel de máxima seguridad en Biobío?

-Lo que yo diría es que todos los recintos que se vayan a construir, y eso obviamente que alcanza esta región, también van a tener estándares equivalentes a La Laguna. Y, además, por ahora, van a tener un módulo de máxima seguridad dentro de este recinto de alta seguridad.

-Siempre surge el debate en los entornos o barrios cuando se habla de una nueva cárcel o una cárcel de máxima seguridad…

-Ahí también uno puede plantearlo de otra manera, y es que hoy son cárceles que tienen presos de alto compromiso delictual en condiciones muy malas. Entonces, la máxima seguridad no es para traer gente que hoy no está en la cárcel, sino para tener a la gente que hoy está en la cárcel en mejores condiciones de seguridad para él y para los vecinos.

No es que porque te pusieron una cárcel de máxima seguridad, entonces, van a traer presos de otros lugares que aquí no hay. Yo creo que hay que pensarlo al revés, es decir, en la Región, actualmente hay presos que tienen estar en condiciones de máxima seguridad y que no están en condiciones de máxima seguridad. Por lo tanto, dotar a la Región de esas capacidades es una manera de satisfacer un problema regional.

Evidentemente que el sistema es uno, ya hay una cierta comunicación entre los recintos, pero, en general, se respeta la territorialidad, es decir, el porcentaje mayoritario de los internos en La Laguna son de la Región del Maule, lo mismo pasa con Santiago, lo mismo pasa con Rancagua, lo mismo pasa Biobío, en Valdivia, entre otros. Siempre hay márgenes que vienen de otras partes, porque no puede ser de otra manera.

-Sobre la huida del reo del Centro de Régimen Cerrado de Copiapó en medio de una salida autorizada por el Juzgado de Garantía de la ciudad, ¿qué opinan desde el Ministerio de Justicia?

Evidentemente está la barrera de la separación de los poderes, en la que los jueces tienen una autonomía que es constitucional, lo cual, evidentemente, no es incompatible con el descriterio. Y me parece a mí que, a la distancia, en este caso la decisión prueba no haber sido buena, porque a la primera aprovechó.

En todo caso, en lo que nos concierne a nosotros, porque a mí no me corresponde comentar los fallos judiciales, este tipo de situaciones suponen un aprendizaje. Y más allá de las responsabilidades legales que pueda haber, penales que pueda haber para funcionarios involucrados, están las responsabilidades administrativas, que sí son de competencia del ministerio, y, obviamente, que vamos a agotar todas las instancias para saber si ahí hubo o no hubo responsabilidad de personas del servicio.