Municipios del Biobío advierten impacto ante propuesta de Hacienda de eliminar el Plan Calles Sin Violencia

Ante la recomendación del Ministerio de Hacienda, los alcaldes temen alza en delitos y mayor inseguridad si se elimina la iniciativa en comunas.

Inquietud existe entre alcaldes de la Región del Biobío tras conocerse la recomendación del Ministerio de Hacienda de eliminar, a partir de 2027, dos de los principales programas destinados a combatir el crimen organizado: la Política Nacional de Crimen Organizado y el plan “Calles sin Violencia”.

La medida, que aún se encuentra en etapa de propuesta, ha generado preocupación en comunas que han implementado esta estrategia, especialmente por los efectos que podría tener en el control de delitos de alta connotación social.

La iniciativa del Ejecutivo apunta a generar un ahorro fiscal significativo. Según cifras de Hacienda, la eventual eliminación del Programa Contra el Crimen Organizado implicaría un ahorro cercano a los $71 mil millones, mientras que el fin del Plan Calles sin Violencia significaría dejar de destinar más de $25 mil millones.

Ambos programas fueron impulsados en la administración anterior como respuesta a la crisis de seguridad que enfrentaba el país, y en la práctica se han traducido en la asignación de recursos a instituciones policiales y al Ministerio Público.

En el caso específico del Calles sin Violencia, parte importante de los recursos ha permitido financiar equipos especializados como los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), encargados de concurrir a sitios del suceso en casos de delitos graves.

Sin embargo, durante su exposición ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 23 de marzo, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, adelantó que se contemplan recortes, precisando que “la disminución se basará en recursos proyectados que no serán ejecutados”.

Mirada de los municipios

Desde el Biobío las autoridades locales han reaccionado con cautela, aunque no ocultan su preocupación por el eventual término del programa. En Coronel, el alcalde Boris Chamorro recalcó que esta política ha sido clave para enfrentar los delitos más violentos en su territorio.

Recordó que en 2024 la comuna registraba 16 homicidios, lo que motivó gestiones para integrarse al plan. “El Plan Calles Sin Violencia es una estrategia del gobierno para enfrentar los delitos más violentos”, afirmó, destacando que su implementación implicó un trabajo coordinado con la comunidad y autoridades centrales.

Chamorro advirtió que reducir o eliminar este tipo de programas tendría efectos directos en la percepción de seguridad. A su juicio, la ausencia de estas herramientas no solo podría incidir en la ocurrencia de delitos, sino también en la sensación de inseguridad de la población.

En esa línea, cuestionó la falta de claridad respecto de las medidas alternativas que se implementarían. “En las últimas semanas hemos escuchado solamente en qué programas se van a reducir, pero la pregunta es cómo se van a complementar”, planteó, añadiendo que la discusión no puede centrarse únicamente en recortes presupuestarios.

El jefe comunal fue enfático en señalar que lo que está en juego es la capacidad del Estado para responder ante fenómenos complejos como los homicidios.

“Lo que está en juego es la presencia de la institucionalidad del Estado y no da abasto la institución de Carabineros de Chile”, sostuvo, subrayando la necesidad de mantener el apoyo gubernamental para enfrentar este tipo de delitos.

Una visión distinta es la que expresó el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer. La autoridad destacó que la implementación del plan ha tenido efectos positivos en su comuna, particularmente en sectores donde los homicidios venían en aumento.

Según explicó, tras diversas gestiones políticas, se logró implementar un polígono de intervención que permitió revertir esa tendencia.

“El plan ha significado un aporte importantísimo”, indicó, detallando que la disminución de homicidios en las zonas intervenidas fue significativa.
Respecto del futuro del programa, Spoerer reconoció que su eventual eliminación podría generar complicaciones, especialmente si no existen medidas que compensen su ausencia.

Aun así, planteó que existe confianza en que el Gobierno mantendrá la seguridad como una prioridad. En sus palabras, “podría complicar un poco respecto de un eventual aumento” de delitos, aunque aseguró que están a la espera de conocer las medidas que se implementarían para mitigar estos efectos.

En la provincia del Biobío, el alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arriagada, manifestó una postura más crítica frente a la posibilidad de eliminar el plan. A su juicio, una decisión de este tipo iría en contra del objetivo de controlar la violencia en las calles.

“Donde se elimine el Plan Calles Sin Violencia, indudablemente que no se está cumpliendo con el objetivo deseado”, afirmó, recalcando que una comuna de la envergadura de Los Ángeles requiere herramientas de este tipo.

Pérez Arriagada enfatizó que la eliminación del programa tendría consecuencias negativas directas en la seguridad pública. “Sería lamentable”, señaló, agregando que no comparte la idea de retirar una política que busca enfrentar delitos de alta gravedad en ciudades con gran población.