El endurecimiento dentro del proceso de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República (TGR) se instaló en medio de un creciente debate sobre una deuda que supera los $4 billones y que mantiene a más de 550 mil personas en mora. El nuevo enfoque, impulsado por el Ejecutivo, apunta a recuperar recursos fiscales en un escenario de alta presión presupuestaria, mediante un sistema que combina segmentación por ingresos con medidas de cobranza más estrictas.

En términos generales, el esquema distingue entre quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pago y aquellos que enfrentarán acciones judiciales directas. En concreto, los deudores con ingresos mensuales superiores a $5 millones quedan excluidos de los convenios y pasan a un proceso de cobro forzoso, que puede incluir embargos o retenciones, mientras que los tramos inferiores mantienen la opción de reprogramar su deuda.

Para estos últimos, la Tesorería ha habilitado mecanismos de regularización que consideran requisitos como una deuda mínima de 1 UTM y la acreditación de ingresos a través de la Operación Renta o cotizaciones previsionales. Además, se establecen parámetros como un máximo de 12 cuotas y montos mínimos por pago, configurando así un marco base para la suscripción de convenios.

Sin embargo, más allá de estas condiciones generales, persiste una interrogante sobre cómo se definen en la práctica los términos específicos de cada acuerdo. Aspectos clave como el número de cuotas asignadas dentro del máximo permitido o el monto exacto que deberá pagar cada deudor no cuentan con una explicación pública detallada, lo que abre dudas sobre los criterios que guían estas decisiones.

Dicho punto cobra relevancia en un contexto donde el énfasis del Gobierno ha estado puesto en fortalecer los mecanismos de cobro, más que en transparentar las condiciones de pago. Mientras se detallan las herramientas disponibles para perseguir la deuda, el funcionamiento concreto de los convenios aparece menos explicitado, pese a ser la principal vía de regularización para una parte importante de los deudores.

Así, el nuevo proceso configura un sistema donde las reglas generales están definidas, pero su aplicación específica mantiene zonas grises. La ausencia de parámetros claros sobre cómo se estructuran los convenios en la práctica no solo dificulta anticipar las condiciones de pago, sino que también instala cuestionamientos sobre la transparencia y uniformidad en la implementación de esta política.

Respecto a todo esto, Diario Concepción le consultó tanto al nivel central del Ministerio de Hacienda como a la TGR. Sin embargo, al cierre de esta edición, no emitieron respuestas.

Congresistas locales

En el ala oriente del Congreso, el inicio del cobro abrió diversos cuestionamientos respecto a la falta de definiciones operativas del sistema, especialmente en lo relativo a las condiciones concretas en que los deudores podrán regularizar su situación.

Desde la oposición, el diputado por el Distrito 20, Antonio Rivas (PS), manifestó su preocupación por el despliegue de la cobranza sin que existan definiciones técnicas completas. A su juicio, avanzar en este proceso sin una bajada operativa clara podría generar incertidumbre entre quienes buscan regularizar su situación, especialmente en un contexto económico complejo para muchas familias.

“Resulta preocupante que se inicie un despliegue de cobranza por parte de la TGR sin que existan reglas de juego totalmente claras. Hoy no bastan las definiciones generales; nuestros jóvenes necesitan certezas técnicas antes de cualquier acción”, expresó.

En esa línea, el parlamentario advirtió que aún no se conocen aspectos clave del sistema, como la flexibilidad de los plazos de pago o los criterios específicos para eventuales beneficios. “El anuncio parece carecer de una bajada operativa transparente en cuanto a la flexibilidad de los plazos y los criterios para condonar intereses moratorios”, sostuvo, apuntando a la necesidad de mayor precisión.

“Es fundamental que se transparenten los algoritmos de cálculo, además de contar con simuladores de pago accesibles y protocolos claros que eviten impactos desproporcionados en las familias”, añadió.

Igualmente crítica, la diputada por el Distrito 21, Lilian Betancurt (PDG), cuestionó la falta de certezas para los deudores. A su juicio, el sistema no ha logrado comunicar de forma clara las condiciones reales bajo las cuales las personas deberán enfrentar sus obligaciones, lo que mantiene un escenario de incertidumbre.

“Se habla de pagos según ingresos, pero nadie sabe con claridad cuánto deberán pagar, en cuántas cuotas ni bajo qué condiciones reales”, señaló, agregando que el Estado debe considerar la situación económica de los hogares. En esa línea, enfatizó que cualquier política de cobro debe contemplar mecanismos que reflejen la realidad financiera de las familias.

Por su parte, la diputada por el Distrito 21, Joanna Pérez (Demócratas) apuntó a la responsabilidad de la anterior administración del Ejecutivo, señalando que el debate se ha visto tensionado por expectativas no cumplidas. A su juicio, la discusión sobre el CAE se ha visto marcada por anuncios previos que no se tradujeron en soluciones concretas.

“Creo que el gobierno saliente tiene una responsabilidad en agravar la deuda, al anunciar como slogan de campaña el fin al CAE, sin esclarecer condiciones e incentivos de pago”, afirmó, subrayando la necesidad de avanzar en un sistema que entregue certezas reales a los deudores.

A pesar de aquello, igual hizo eco en la importancia de transparentar las condiciones del sistema. “Es fundamental que existan condiciones claras y transparentes para las personas, especialmente en aspectos como plazos, cuotas y criterios de cálculo”, indicó, recordando además el impacto que dejó inconclusa la discusión en torno al FES.

Del mismo modo, y a pesar de su cercanía política con el actual Gobierno, la diputada por el Distrito 20, Francesca Muñoz (PSC), también planteó la necesidad de mayor claridad en el diseño del sistema. Si bien reconoció avances en la entrega de información general, advirtió que aún existen vacíos relevantes respecto del funcionamiento específico del mecanismo de cobro.

“Hoy se han dado a conocer algunos lineamientos generales, como la segmentación por nivel de ingresos y la habilitación de una plataforma para revisar montos, pero aún es importante conocer en detalle cuál será la metodología de cobro”, sostuvo, enfatizando la necesidad de precisar los criterios de aplicación.

Volcándose hacia una postura más cauta, la diputada por el Distrito 20, Marlene Pérez (Ind-UDI), enfatizó la necesidad de analizar en detalle antes de cualquier acción parlamentaria en pro de tensionar al Ejecutivo, pues, si bien reconoció que iniciativas orientadas a aliviar la carga económica pueden ser positivas, advirtió que, hasta ahora, no existen definiciones concretas que permitan evaluar plenamente su impacto en los deudores.

“Cualquier medida que alivie el bolsillo de la familia chilena es bienvenida, pero con mucha responsabilidad”, señaló.

Ahora bien, y en defensa de lo impulsado, el diputado por el Distrito 20, Sergio Bobadilla (UDI), respaldó el enfoque del Gobierno en materia de cobro, pues a su percepción, el proceso apunta a corregir lo que calificó como una falta de exigencia en la administración anterior. “Quienes deben recursos fiscales producto del CAE deben y tienen que pagar, y quienes ganan más deben pagar ya. Aquellos que ganan menos quizás deberían tener facilidades, pero deben pagar, porque si no lo hacen están impidiendo que otros estudiantes accedan”, comentó.

Finalmente, la diputada por el Distrito 21, Flor Weisse (UDI), valoró el enfoque del Gobierno en cuanto a incorporar criterios de ingreso en el proceso de cobro, aunque advirtió que su efectividad dependerá de la claridad de las reglas. “Es fundamental que se clarifiquen aspectos como plazos, número de cuotas y criterios de cálculo”, señaló, apuntando a la necesidad de mayor certeza para los deudores.