La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre graves incumplimientos a la normativa que protege a niños, niñas y adolescentes, tras detectar que durante el año 2025 al menos 35 personas con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad se desempeñaron en instituciones públicas, en funciones que implican contacto directo y habitual con este grupo.
Así lo consigna el 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), que además revela que entre los años 2020 y agosto de 2025 se identificaron 164 casos de personas legalmente inhabilitadas que ejercieron o ejercen cargos vinculados a la atención directa de menores. En este período, un total de 72 instituciones del Estado contrataron a personas que no cumplían con los requisitos legales para desempeñar estas funciones.
📊 NUEVO CIC | Revisa nuestro decimonoveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), sobre entidades que incumplieron la normativa de inhabilitación para cargos que involucren una relación directa y habitual con menores.
👉🏼Ver CIC acá: https://t.co/iFyW2Ikv2R pic.twitter.com/AQOnwl0nMZ
— Contraloría (@Contraloriacl) January 6, 2026
La normativa vigente, establecida en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, contempla inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Esta prohibición obliga a los organismos públicos a verificar, antes de cualquier contratación, los antecedentes a través del Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones.
En el caso de la Región del Biobío, la CGR informó que durante 2025 se registraron entidades que mantenían contratadas personas inhabilitadas, entre las que figuran la Municipalidad de Tomé, la Municipalidad de San Pedro de la Paz y la Municipalidad de Concepción.
Según el informe de la CGR, las personas inhabilitadas se desempeñaban en cargos o funciones dentro de instituciones públicas que implicaban una relación directa y habitual con niños, niñas o adolescentes.
Si bien el documento no especifica los cargos concretos ni sus denominaciones, establece que se trataba de funciones incompatibles con la normativa vigente, ya que la ley prohíbe que personas con inhabilitación absoluta, perpetua o temporal trabajen en puestos con contacto directo y frecuente con menores de edad.
Asimismo, el informe indica que estas contrataciones se dieron en instituciones del Estado, incluidas municipalidades del Biobío como Tomé, San Pedro de la Paz y Concepción, sin detallar los puestos específicos desempeñados en cada entidad.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las instituciones involucradas a dar cumplimiento inmediato a la normativa, considerando además lo dispuesto sobre nombramientos inhábiles en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Asimismo, ordenó el inicio de los procedimientos disciplinarios correspondientes y el reporte de las medidas adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
“Este informe reafirma el compromiso de la Contraloría con la fiscalización y la protección de la infancia, instando a todas las instituciones públicas a fortalecer sus mecanismos de control y garantizar el estricto respeto a la ley”, puntualizó el comunicado oficial de la CGR.
Al respecto, el director jurídico de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, José Cisternas, indicó que están “a la espera que la Contraloría General de la República nos entregue una nómina detallada con las personas involucradas para efectos de generar los procedimientos disciplinares de rigor”.
Por su parte, la Municipalidad de Concepción, indicó que “no hemos sido notificados aún de parte de la CGR, y una vez que esto ocurra podremos analizar el documento y referirnos públicamente a la situación como Municipalidad”.