Productores locales advierten riesgo económico por enfermedades o plagas importadas.
En el Congreso avanza un proyecto de ley para el mundo agrícola y ganadero del país y, particularmente, para la Región del Biobío. Se trata de la iniciativa que busca sancionar penalmente la internación de enfermedades animales o plagas vegetales al territorio nacional.
La propuesta actualmente se encuentra en el Senado luego de haber iniciado su análisis en la Comisión de Constitución, tras pasar previamente por las comisiones de Agricultura y Seguridad Pública.
El objetivo central de la moción es resguardar el estatus sanitario de Chile, fundamental para la competitividad agroalimentaria nacional. La normativa vigente castiga hoy a quienes propaguen deliberadamente una enfermedad animal o plaga vegetal sin autorización, con penas de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, desde 541 días hasta cinco años.
Sin embargo, la ley actual no contempla sanciones explícitas para quienes introducen ilegalmente estos agentes al país. Es precisamente ese vacío el que la iniciativa pretende subsanar, creando un tipo penal autónomo y endureciendo las sanciones.
La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, fue clara respecto del sentido de la reforma. La autoridad explicó que el proyecto “busca agravar el delito de propagación y generar el nuevo delito de internación, porque hoy día internar plagas no es delito, pero el de propagación sí existe”.
Junto con ello, recordó que Chile es el único país de la región libre de mosca de la fruta, condición que ha permitido acceder con mayor fuerza y precios competitivos a los mercados internacionales. A su juicio, mantener ese estatus es fundamental para la economía nacional y para miles de productores que dependen de las exportaciones agrícolas.
Pero la ministra también advirtió que el escenario ha cambiado en los últimos años. Señaló que se ha observado un aumento en los brotes de mosca de la fruta, muchos de ellos vinculados al contrabando desde países vecinos y al ingreso informal de productos vegetales.
Estos hechos, sostuvo, revelan debilidades en el actual marco sancionatorio y justifican la necesidad de avanzar hacia penas más severas que permitan disuadir estas prácticas.
El senador (PS) Gastón Saavedra fue categórico en respaldar la iniciativa. Afirmó que Chile debe mantenerse libre de efectos fitosanitarios que puedan dañar la economía nacional y su imagen internacional.
En sus propias palabras, “debemos proteger todo lo que son nuestras exportaciones ya que vivimos de eso y, por lo tanto, todo lo que son las barreras de ingreso, ya no solamente las naturales como la Cordillera de los Andes, debemos aplicarlas y sancionar a aquellas personas que desprolijamente introducen especies que están prohibidas en el país o que evaden los controles fitosanitarios”.
Para el parlamentario, el proyecto es necesario y espera que “avance en los trámites necesarios para que sea ley de la República, con las sanciones respectivas”.
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Desde el mundo empresarial y las asociaciones gremiales del Biobío se observa el debate con atención, conscientes de que una plaga o enfermedad puede afectar de forma directa la continuidad del negocio.
El presidente de la Federación Nacional de Productores de Ganado Bovino (Fedecarne), Ignacio Besoain, enfatizó que el proyecto resulta “fundamental para resguardar la salud del ganado y la producción ganadera nacional”.
Añadió que la internación ilegal de enfermedades animales “puede tener un impacto devastador en la ganadería chilena”, afectando la producción de carne y golpeando la economía de pequeños y medianos productores. Advirtió que patologías como la fiebre aftosa o la peste porcina africana tendrían “consecuencias catastróficas” de presentarse en Chile.
Besoain recalcó que el gremio apoya la idea de tipificar como delito la internación ilegal de plagas o enfermedades animales, acompañada de sanciones más severas. A su juicio, ello enviaría una señal clara a quienes intentan ingresar productos contaminados y fortalecería la protección sanitaria del país.
Recordó además que Fedecarne trabaja en conjunto con el SAG y otros organismos para reforzar la vigilancia y la bioseguridad, y expresó su esperanza de que el proyecto se apruebe, por cuanto “permitiría asegurar la competitividad y sostenibilidad del sector ganadero nacional”.
Una visión similar proviene del mundo agrícola regional. El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, sostuvo que toda ley que derive en sanciones más drásticas para impedir el ingreso de plagas o enfermedades es bienvenida.
Señaló que hoy existen múltiples problemas de esta naturaleza, mencionando como ejemplo la mosca de la fruta y otras especies que afectan plantaciones forestales. Para el dirigente, gran parte de los ingresos de insectos y agentes patógenos se explica por el contrabando de frutas u hortalizas, tanto en operaciones comerciales como en viajes informales.
Stegmeier afirmó que resulta imprescindible resguardar de manera adecuada los pasos habilitados y no habilitados, especialmente en el norte del país, donde el flujo constante de personas y cargas genera mayores riesgos sanitarios.
Del mismo modo, llamó a poner atención en el tránsito creciente de productos agrícolas provenientes de Argentina y Bolivia que son embarcados a través de puertos nacionales. Aunque su destino final sea el extranjero, enfatizó que “ese tránsito igualmente debe cumplir con todas las normativas sanitarias para evitar eventuales ingresos de insectos o semillas que puedan complicarnos internamente”.
El productor Ricardo Cancino, de “Carnes con C”, en la comuna de Laja, valoró positivamente la iniciativa legislativa. Aseguró que “este tipo de iniciativas son fundamentales para proteger la sanidad de nuestros animales y la calidad de los alimentos que producimos y exportamos”.
A su juicio, las plagas y enfermedades no solo amenazan la agricultura, sino también “toda la cadena productiva de carnes”, que incluye empleos, transporte y comercio local.
Cancino dijo compartir la idea de tipificar como delito grave la introducción ilegal de productos contaminados o portadores de plagas, porque ello resguarda la salud animal y protege el estatus sanitario que permite a Chile colocar carne en distintos mercados sin dificultades.
Desde su experiencia en el campo, advirtió que una sola plaga o enfermedad puede traducirse en pérdidas millonarias, afectando directamente a familias y emprendimientos rurales.