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Política

Estado de Excepción en Macrozona Sur se ha mantenido durante el 95% del mandato del Presidente Boric

El actual Gobierno lleva más de 1.430 días en la administración del Poder Ejecutivo. La medida rige desde el 18 de mayo del 2022.

Por: Anibal Torres Durán 12 de Febrero 2026
Fotografía: Isidoro Valenzuela

Al menos hasta el próximo 25 de febrero se extiende, aunque sujeta a una posible nueva prórroga, el Estado de Excepción constitucional en la Macrozona Sur, solicitado por el Gobierno y ratificado por el Congreso Nacional.

Así, la medida que actualmente rige en las provincias de Arauco y Biobío, además de toda La Araucanía, lleva 1.366 días de vigencia desde el 18 de mayo del 2022, transformándose en el Estado de Excepción más largo desde el retorno de la Democracia.

Así, la herramienta constitucional, originalmente planteada como acotada y temporal, se ha mantenido activa de forma continua durante casi todo el mandato del Presidente Gabriel Boric. En detalle, la actual administración del Poder Ejecutivo lleva 1.434 días, por lo que el Estado de Excepción se ha mantenido un 95,3% de su periodo.

Desde La Moneda, con la medida, han destacado la disminución de los hechos de la violencia rural, en la denominada Macrozona Sur, en un 78,6% en los últimos 4 años, según las cifras entregadas por Carabineros de Chile. Mientras en el año 2022 se registraron 1.161 hechos, el 2025 culminó con 359 situaciones.

“Tanto en el Biobío como en La Araucanía en mejores condiciones que el año 2022 para enfrentar su desarrollo. Los países que tienen éxito son los que logran transitar estos procesos a lo largo de distintos gobiernos. El trabajo que hemos desarrollado está dando frutos, no sólo en la reducción de la violencia, sino que hoy día tenemos récord de turismo en la provincia de Arauco, tenemos un comercio que se ha activado en Malleco y Cautín, una disminución en la pobreza según la Casen”, puntualizó el subsecretario del Interior, Victor Ramos, en la última revisión de la medida constitucional en enero, quien además descartó la aplicación de un posible “desescalamiento”.

Además la autoridad del Ministerio del Interior, destacó el avance del diálogo con el pueblo Mapuche, como fue el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y la labor que ha desarrollado la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para la en la restitución territorial, a través del Fondo de Tierras y Aguas.

Previos

El mayor período previo de Estado de Excepción corresponde al inicio del primer gobierno de Sebastián Piñera, tras el terremoto de 2010, cuando el Estado de Catástrofe se extendió por 51 días, equivalentes a cerca del 3,5 % de su mandato.

El segundo mandato de Sebastián Piñera es el segundo que más utilizó dicha herramienta legal. El estado de emergencia decretado durante el estallido social se mantuvo por, aproximadamente, 24 días. Además, producto de la pandemia, se decretó el Estado excepcional por catástrofe del 18 de marzo de 2020 y se encontraba vigente hasta el 13 de marzo de 2021, sumando 360 días.

Nuevo gobierno

Durante la última campaña presidencial, el presidente electo, José Antonio Kast, situó la seguridad como uno de los ejes centrales de su propuesta programática. En ese contexto, fue particularmente crítico del uso que el actual Gobierno ha hecho del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, sosteniendo que su prolongación ha sido “inusual e injustificada”, lo que a su juicio demostraría una claudicación frente a la violencia.

Sin embargo, el ahora próximo Mandatario fue enfático en señalar que no descartaría recurrir a esta herramienta constitucional en escenarios que calificó como de “guerra interna”, especialmente tras hechos de alto impacto, como el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete en abril de 2024.

En sus definiciones, Kast ha insistido en que en Chile no existen territorios autónomos y que el Estado debe ejercer plenamente su autoridad.
En esa línea, propuso medidas como el control del ingreso y salida de personas en sectores como Temucuicui (La Araucanía), con participación de policías y Fuerzas Armadas, además de una aplicación estricta de normas básicas del Estado de Derecho, como la fiscalización de vehículos sin documentación o situaciones irregulares que, a su juicio, hoy no se controlan adecuadamente.

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